Intelectuales de EEUU piden a embajada apoye organización de nuevas elecciones

Docentes de las principales universidades de los Estados Unidos giraron una carta a la Encargada de Negocios de la embajada en Honduras Heide Fulton donde le instan a que la Embajada y a los Estados Unidos apoyen la organización de nuevas elecciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA junto con una enérgica defensa y exigencia del respeto de los derechos humanos.

La misiva con copia a Rex W. Tillerson, Secretario de Estado Francisco Palmieri, Principal Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental advierte que si los Estados Unidos guardan silencio o respaldan los resultados del desacreditado TSE, la crisis se profundizará y Honduras será más ingobernable y vulnerable a un gobierno autoritario.

Acá lo que dice literalmente:

Estimada Encargada de Negocios Fulton:
Honduras se encuentra en medio de una profunda crisis constitucional e institucional. Le instamos a usted y a los Estados Unidos a que adopten una posición clara y de principios sobre los siguientes temas de democracia, derechos humanos y un camino para salir de la espiral de la crisis.

1. La integridad del proceso democrático
Las irregularidades antes, durante y después del proceso electoral ha generado serias denuncias de fraude y ha puesto en cuestión la integridad y la credibilidad del actual proceso electoral en Honduras. Más del setenta y siete por ciento de la población carece de confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad electoral del país.

El Informe Preliminar de la Misión Observadora Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó incertidumbre en los resultados finales de las elecciones debido a las "irregularidades, errores y problemas sistémicos que afectan esta elección".

Observadores independientes de los Estados Unidos también fueron testigos de múltiples irregularidades. Empañando todo el proceso es el hecho de que el TSE está dominado y controlado por el Partido Nacional del Presidente Juan Orlando Hernández, ya que sus miembros fueron nombrados por el Congreso controlado por el Partido Nacional.

El presidente del TSE es David Matamoros Batson, el ex secretario general del Partido Nacional.
Una de las irregularidades más atroces que agregó gravemente a las acusaciones del fraude ocurrió en la noche de las elecciones. Luego de que el MOE instó al TSE a que emitiera los resultados de las actas el momento de su ingreso, el TSE anunció que con más del 57% de los votos contados, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, tenía una ventaja del 5% sobre el actual presidente Hernández. De repente, el servidor del TSE cayó y muchos de las actas restantes de las mesas electorales se entregaron personalmente en lugar de enviarse por fax como exige la ley. Cuando se restauró el sistema y se reanudó el conteo, tres días después, el TSE actualizó los resultados, mostrando que Hernández sorpresivamente había cerrado la brecha y estaba ganando. Este hecho por sí solo cuesta creerlo, y mucho menos cuando se considera en las turbias circunstancias que lo rodean, y amerita una investigación independiente. El pueblo respondió con protestas masivas, acusaciones de fraude y repudio popular al papel del TSE en el proceso.

Anoche el MOE emitió su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el proceso de verificación, y la Secretaría General de la OEA concluyó que las irregularidades y deficiencias en el proceso, sumadas a la estrecha diferencia de votos "hacen que sea imposible determinar con la certeza necesaria" el ganador ", y pidió nuevas elecciones generales.

Por lo tanto, instamos a que la Embajada de Estados Unidos solicite una investigación completa e independiente sobre las irregularidades ocurridas antes, durante y después de las elecciones; el papel y las acciones de los miembros del TSE con respecto a esas irregularidades; y la relación del gobernante Partido Nacional de Juan Orlando Hernández con ese proceso.
Instamos a que la Embajada y a los Estados Unidos se unan a la Secretaría General de la OEA en el llamado de convocar a nuevas elecciones generales.

2. Respeto por los Derechos Humanos

En respuesta a las protestas populares, el gobierno impuso un toque de queda y suspendió los derechos constitucionales. El gobierno no siguió las formalidades constitucionales para tomar la acción. Posteriormente, la Secretaría General de la OEA determinó que la medida era desproporcionada, no cumplía con los estándares constitucionales e internacionales, y solicitó al gobierno levantar inmediatamente el toque de queda y restablecer las plenas garantías constitucionales.

Las fuerzas de seguridad del gobierno respondieron reprimiendo de manera indiscriminada y desproporcionada las protestas. Las fuerzas de seguridad son responsables de hasta 20 muertes, decenas de heridos y más de 1,500 detenciones ilegales de personas, la mayoría de ellos jóvenes, incluidos menores de edad.8 Los testimonios de protestantes y las imágenes de video demuestran que las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon gases lacrimógenos y municiones vivas indiscriminadamente contra los manifestantes, transeúntes y dentro de las casas.

Las personas detenidas han sido torturadas y sometidas a un trato inhumano, incluida la inmersión en cubetas de agua, palizas y amenazas de desaparición forzosa. Entre los heridos están ancianos, madres embarazadas y lactantes, y niños pequeños. Las fuerzas de seguridad han amenazado a los periodistas que informan sobre los incidentes, y manos criminales sabotearon la torre de transmisión de Radio Progreso en Tegucigalpa, lo que la dejó fuera de servicio en la capital. Aunque el gobierno levantó el toque de queda el 10 de diciembre, el patrón de represión de las actuales protestas pacíficas de indignación y repudio no ha disminuido, y de hecho han empeorado en los últimos días.

Los informes en vivo y las redes sociales han documentado que la policía militar entra a los hogares, golpea a los residentes, dispara a las multitudes y ha comunicado apasionadas súplicas de individuos en nombre de sus seres queridos que están heridos, muertos, detenidos o desaparecidos.

En ningún caso, el uso de la fuerza letal contra los manifestantes ha sido justificado bajo estándares internacionales.

Instamos a la Embajada a condenar al gobierno de Honduras por no proteger y respetar los derechos a la vida, la seguridad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso, y a solicitar una investigación completa de estas violaciones de derechos humanos y el castigo de los responsables.

3. Como apoyar un camino hacia adelante

El proceso preelectoral fue distorsionado en el momento que Juan Orlando Hernández se postulo ilegalmente para la reelección, violando de la Constitución hondureña. Mientras era presidente del Congreso Nacional, Hernández tuvo una influencia significativa en los nombramientos de la mayoría de los jueces sentados en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema se puso del lado de los representantes del Partido Nacional en su amparo contra la prohibición constitucional de reelección, enmendando efectivamente la Constitución sin el necesario plebiscito del pueblo.

La interpretación de la Corte Suprema de las leyes internacionales de derechos humanos para anular la prohibición constitucional contra la reelección es una burda distorsión de ese cuerpo de derecho sin precedentes legales.

El MOE observó que la forma en que la Corte Suprema habilitó la reelección a través de un fallo judicial era irregular y una mala práctica en el contexto de los Estados americanos.

La crisis actual refleja, amplía y profundiza la crisis constitucional e institucional provocada por el golpe de Estado de 2009. Hernández ha impuesto un control sin precedentes de las instituciones estatales y las tres ramas del gobierno. En muchos sentidos, la votación fue un referéndum sobre el intento de Hernández de permanecer en el poder, a pesar de la ventaja inherente que se derivaba de su autoridad y control de la maquinaria electoral. Estamos presenciando un movimiento de protesta creciente, popular e insurreccional contra la autoridad electoral gobernante en defensa del voto popular. Si bien este movimiento es notablemente restringido y no violento, la respuesta violenta y desproporcionada de los militares y la policía contra su propio pueblo continúa escalando el conflicto.

El 17 de diciembre, el TSE declaró a Hernández ganador de las elecciones. Poco después, el MOE emitió su informe sobre el cumplimiento de las etapas recomendadas para el proceso de verificación, y el Secretario General de la OEA emitió su declaración llamando a nuevas elecciones. El Secretario General reiteró los hallazgos del MOE:

Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, la imposibilidad de conocer el número de oportunidades en las que se violó el sistema, bolsas de votos abiertas o sin votos, la extrema improbabilidad estadística con respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento , las papeletas recientemente impresas y las irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen que sea imposible determinar con la certeza necesaria el ganador.

Si los Estados Unidos guardan silencio o respaldan los resultados del desacreditado TSE, la crisis se profundizará y Honduras será más ingobernable y vulnerable a un gobierno autoritario, poniendo en peligro tanto la democracia como los derechos humanos.
Por lo tanto, instamos a que la Embajada y a los Estados Unidos apoyen la organización de nuevas elecciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos, junto con una enérgica defensa y exigencia del respeto de los derechos humanos. Esto proporcionará un camino para que todos los sectores de la sociedad hondureña lleguen a un nuevo consenso y pacto social, con elecciones auténticas, libres, justas y transparentes, en un clima de respeto a los derechos humanos, para mover a Honduras más allá de la actual crisis constitucional e institucional.