Presidente Juan Hernández evidencia interés de favorecer a minera
El municipio de Tocoa, Colón esta agobiado por el conflicto que el gobierno central a través de las instituciones respectivas del Estado crearon, impusieron y administran, cuyas consecuencias ahora padecemos las comunidades, denunció Juan López delegado por la Parroquia San Isidro Labrador de aquello localidad.
Afirma que el problema viene, en parte, desde que el Instituto de Conservación Forestal no inscribió el decreto que parque Nacional Carlos Escaleras en el catálogo del Patrimonio Público Forestal. El parque conocido antes como Montaña de Botaderos es una zona de alta producción de agua donde nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, río Chiquito, Tinto o negro, entre otros.
En 2013 el Congreso Nacional emitió el decreto Legislativo, mediante el cual modificó las medidas internas del parque ampliando la zona de amortiguamiento y reduciendo el área núcleo, para favorecer dos proyectos mineros de cien (100) hectáreas cada uno concesionados a la empresa minera EMCO MINING COMPANY, hoy Inversiones los Pinares.
"El Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández puso en evidencia una intencionalidad expresa de beneficiar a las empresas mineras en detrimento de los derechos ambientales y territoriales de las comunidades. Allí comenzó el conflicto que tiene como consecuencia la sedimentación en los ríos San Pedro y Guapinol violentando el derecho humano al agua de las 14 comunidades", manifiesta la carta publicada por López.
Agrega que en la actualidad hay 18 proyectos mineros otorgados por INHGEOMIN en el departamento de Colón, de los cuales 6 están el municipio de Tocoa y suman 3500 hectáreas de territorio concesionado para explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional, poniendo en peligro también el río Tocoa y afectando a 14 comunidades del sector Abisinia y la ciudad de Tocoa. El río Cuaca está amenazado por la instalación de una hidroeléctrica que tendrá sus efectos sobre las comunidades.
"El gobierno de Honduras a través de las instituciones y secretarias de Estado ha violado el derecho humano al agua y el saneamiento en nuestro Municipio, un derecho establecido por las Naciones Unidas en la resolución 64/292 que expresa; 'Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos”, manifiesta el líder defensor del medioambiente.
López manifestó que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos que reúne a diversas organizaciones comunitarias, sociales, eclesiales y ONGs no es una organización criminal como señala el dirigente comunal Julio César Hernández bajo la influencia de la empresa Inversiones los Pinares, no es enemigo de las comunidades y pobladores, ni secuestrador de personas. Es un movimiento social que levanta la voz frente a la violación sistemática de los derechos humanos.
En tal sentido, con estos argumentos jurídico legales y con la acción legitima de las comunidades en defensa de sus derechos, López expresa que es urgente que el Ministerio Publico investigue y deduzca responsabilidades por los actos de corrupción administrativa, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios públicos del Congreso Nacional, ICF, MIAMBIENTE, INHGEOMIN y Gobierno Municipal, entre otros que tengan responsabilidad en decidir y crear las condiciones para el otorgamiento de las licencias ambientales, concesiones y permisos de explotación y operación en la zona protegida.
"Debe investigar y deducir responsabilidad por el atentado de asesinato cometido el viernes 7 de septiembre de 2018 contra el joven Rigoberto Hernández López (herido de bala) por empleado de inversiones Los Pinares, debe cesar el hostigamiento, amenaza, criminalización y judicialización de las personas y organizaciones que ejercen su derecho constitucional en la defensa del derecho humano al agua y un ambiente sano en el Municipio de Tocoa", considera López.
Finalmente manifesta que la paz y la justicia social reclaman la cancelación de los proyectos mineros en ese territorio municipal.
