MACCIH presenta acusación contra cinco diputados por malversación de más de 8 millones
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras(MACCIH) presentaron este lunes el resultado del primer caso de corrupción bajo el esquema de Equipo Integrados, donde involucra a cinco diputados al Congreso Nacional en actos de corrupcion.
A través de sus investigaciones, el equipo UFECIC-MACCIH descubrió una red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron desviados para uso personal.
“Los diputados y diputadas de la red se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos fines”, apuntó el fiscal general Oscar Chichilla.
Por ello presentaron el requerimiento para iniciar el proceso penal por lo delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad contra los diputados miembros de esta red Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Cruz Ascencio, Dennys Sánchez Fernández y Eleazar Juarez Saravia. Además, se solicitó la suspensión inmediata de su calidad de diputados.
“Los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputadas implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociaciòn Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3.300,000 de lempiras, el 14 y 21 de diciembre del 2015. En total se trasladó a dicha ONG 8 millones 300,000 lempiras)“, según se expuso en un comunicado de prensa.
“La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos.
“Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras.
“Corresponde ahora a los órganos de justicia actuar diligentemente sobre las pruebas presentadas por la UFECIC y MACCIH y asegurar que los responsables de actos de corrupción contra el patrimonio público sean condenados de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos“, finaliza.
