Organizaciones ambientalistas piden derogar ley de minería

La Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras denuncio que el gobierno ha mostrado su doble moral y la indiferencia en la "penosa catástrofe" de la mina de El Corpus, Choluteca, a tiempo que exigieron la cancelación de todas la concesiones otorgadas a la fecha.
Los miembros de la Coalición tras manifestar la solidaridad y apoyo a los familiares de los ocho mineros que aún siguen soterrados en la mina, manifiesta que el gobierno aún no resuelve sobre recursos legales presentados por las organizaciones ambientalistas sobre la grave situación que desde hace años enfrentan los pobladores del Sur.
En una declaración firmada al término de la VI Asamblea celebrada en Siguatepeque, Comayagua, la Coalición expresa igualmente su solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los pobladores de Azacualpa, La Unión, Copan, que enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructúa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio.
La empresa ha incumplido todos los compromisos adquiridos con la comunidad desde el 2012 y ahora, para imponer sus negocios, ha hecho uso de la fuerza militar y policial para reprimirles e intimidarles a fin de obligarles a reubicarse, incluyendo su cementerio, para proceder a la extracción de metales, establece el comunicado.
Se solidarizan con los habitantes de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos a la defensa de sus derechos frente a concesiones y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros.
A un año de aprobada la nueva Ley de minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, afirma el comunicado.
Entre esas consecuencias mencionan la enajenación del territorio a inversionistas nacionales y extranjeros bajo la falsa promesa de superar la pobreza y subdesarrollo, igualmente la criminalización de las acciones sociales en defensa de territorios así como la constante violación a los derechos humanos y la desarticulación de los movimientos sociales y organizaciones comunitarias mediante la militarización, ya que el ejército trabaja en protección de los intereses de inversionistas y no del pueblo hondureño como debería ser.
Denuncian asimismo campañas mediáticas destinadas a hacer ver a la minería como la panacea de la prosperidad económica y futuro de Honduras, y que al mismo tiempo invisibilizan el deterioro ambiental que provocan las actividades extractivas y las violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, exigen la inmediata derogación de la actual y nociva Ley de Minería, la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha; el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía, han declarado sus municipios libres de minería.
Demandan de los órganos competentes la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, que se producen a lo largo del país, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras en sus territorios.

Exploración minera a cielo abierto en Copán.
Exploración minera a cielo abierto en Copán.

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