Policías traficaron cientos de armas para pandillas, revela Insightcrime
Las autoridades de Honduras han desmantelado varias redes de agentes de seguridad presuntamente corruptos, un signo positivo dentro los esfuerzos del país por sanear su institución policial, que además señala lo arraigada que se encuentra la corrupción en la institución.
Trece de los 67 oficiales que presuntamente estaban en la nómina de la poderosa pandilla MS13 eran altos funcionarios de la policía, informó La Prensa, con base en información oficial obtenida a partir de una investigación adelantada de manera conjunta entre Honduras, Estados Unidos y Colombia. Entre los acusados se encuentran un general, dos comisarios generales y cuatro subcomisarios.
Según los informes, los oficiales estaban involucrados en actividades de extorsión, asesinato, hurto, robo de autos, secuestro y tráfico de drogas. La investigación conjunta también permitió descubrir una red de 28 funcionarios que supuestamente eliminaban los registros de los pandilleros y les concedían licencias de conducción con nombres falsos por precios que oscilaban entre 10.000 y 14.000 lempiras (US$420 y $630).
La misma investigación sostiene además que, entre 2012 y 2016, decenas de policías traficaron cientos de armas de fuego para las pandillas. Una vez más, las autoridades afirman que la corrupción alcanzó los más altos niveles de la institución policial, y que los oficiales de alto rango se hacían los de la vista gorda con respecto al tráfico de armas.
El 11 de enero, pocos días después de las revelaciones, una comisión especial de reforma de la policía, que fue establecida el año pasado, despidió a 490 policías por reprobar los exámenes de confianza, informó El Heraldo.
Análisis de InSight Crime
Si bien la investigación y el despido de cientos de oficiales son signos positivos de los avances en cuanto al saneamiento de los organismos de seguridad del país, las continuas denuncias de corrupción en los altos niveles de la policía ponen de relieve la magnitud del asunto y los considerables retos que quedan por resolver.
Uno de los principales desafíos consiste en encontrar remplazos adecuados para los oficiales de la institución. Las autoridades están planeando duplicar el tamaño de la policía nacional para el año 2022 y, como InSight Crime lo ha señalado anteriormente, esta meta será difícil de lograr debido a la escasez de recursos. Además, el ambicioso esfuerzo podría por el contrario exacerbar la corrupción en la institución si los nuevos reclutas no son debidamente investigados y entrenados.
Por otra parte, el mandato de la comisión de reforma policial no incluye el enjuiciamiento de funcionarios despedidos por corrupción. El sistema judicial de Honduras se enfrenta por lo tanto a un considerable número de casos de corrupción que deben ser enjuiciados, con el fin de que los funcionarios corruptos rindan cuentas, y hay razonables dudas sobre la capacidad del poder judicial para lograr esto último. Hacia septiembre de 2016, y luego de seis meses de su existencia, la comisión ya había enviado 500 casos de corrupción de la policía a la Fiscalía para que fueran enjuiciados. Sin embargo, si no se producen condenas, existe el riesgo de que los policías despedidos sean contratados nuevamente o que pasen a engrosar las filas del crimen organizado.
