La bota militar desde la Casa de Gobierno en Honduras

El control mediático de parte del presidente Juan Hernández se profundiza con cada día que pasa.

Por Ricardo Ellner /@r_ellner

23 Feb 2016. A escasos cinco días de cumplir dos años y un mes en la administración de Estado, Juan Hernández, sigue siendo fuertemente cuestionado al interno del país así como de parte de los organismos internacionales que velan por la protección de los Derechos Humanos.
El control mediático de parte de Hernández se profundiza con cada día que pasa, tal es el terror estatal que se desprende desde Casa de Gobierno, que muchos de los Mass Media han tenido que verse obligados (otros por su propio interés) a invisibilizar el proceso de remilitarización de la sociedad, los constantes asesinatos, la amplitud de la desigualdad social y las masacres laborales, entre otras muchos elementos más.

Desde antes de haberse hecho del poder en la presidencial, Hernández, preparaba (como titular del Poder Legislativo) el camino de la mano con los militares. Misma senda que ha jugado un papel preponderante para amedrentar a las mayorías, realizar limpiezas en los barrios y sustituir las funciones de seguridad ciudadana que debe efectuar la Policía Nacional por los castrenses.
Antes de las elecciones presidenciales del 24N en 2013, el Congreso Nacional aprobó, en tan sólo una noche, la Ley de la Policía Militar del Orden Público (LPMOP), bajo el decreto No. 168-2013. Necesitando los votos (de una mayoría calificada) en la siguiente legislatura (2014), para lograr el rango constitucional del escuadrón verde olivo.

Sin embargo, Hernández, un año más tarde de haberse implantado en la presidencial, encontró que la mayoría en el CN dijo no a las pretensiones de querer constitucionalizar a la PMOP. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también cuestionó abrir la posibilidad de que los militares retornaran al poder, sin embargo, la milicia sigue encargándose de la seguridad de Estado y ahora cumplen funciones en la administración del Poder Ejecutivo.
Entre los argumentos por la cual el espacio militar fue creado, era que la crisis de seguridad que actualmente vive el país pone de manifiesto la necesidad de la creación de una unidad militar especializada en el combate frontal al crimen organizado y crimen común cuando estos fenómenos han evolucionado a formas más peligrosas por su modo de operar alterando
significativamente la paz social y el orden público, según indica uno de los considerandos de ley.

INFORME CIDH

Hace una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó su último informe anual donde analiza el comportamiento de las democracias en América Latina y el mundo, en el estudio, fustigan fuertemente el proceso de militarización de Hernández y contravienen el maquillaje Estatal –a orden del titular del Ejecutivo- de que Honduras ha dejado de ser de los países violentos del mundo.
En retrospectiva y alimento de la memoria histórica, es posible encontrar que la CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país. La delegación estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, la primera vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine, entre otros altos ejecutivos.

Con la visita de los Defensores de DDHH, se constató alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los más altos del mundo. Además de una de las tasas de homicidios per cápita más altas a nivel global (adjudicándose el Record Guinness para Honduras). En la nación, según muestra el informe hay desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes.
Estos tienen lugar, según expresan en el documento, en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial, entre otros factores. La Comisión escuchó también testimonios alarmantes sobre asesinatos y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, entre otros.

La Comisión también notó que uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, impunidad, corrupción y crimen organizado en el país, es la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones.

BOTA MILITAR

Subrayaron que el Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como una “policía militar”, a pesar de que los estándares internacionales indican que la seguridad ciudadana debe ser de competencia exclusiva de una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos.

La CIDH expresó preocupación por el enfoque excesivamente punitivo del sistema de justicia penal, e identifica como prioridad que el mismo sea modificado. Asimismo, la Comisión considera indispensable fortalecer el sistema de justicia juvenil, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
Antes de la oleada del recetario civilizatorio de políticas neoliberales, el término Seguridad/Inseguridad era apenas un vocablo inconcluso y poco penetrante en la arena de la sociedad hondureña y latinoamericana. Sin embargo, en la actualidad es un tema profundizado en la agenda política nacional enarbolando el cuidado ciudadano a expensas de la dilapidación de recursos económicos y la inyección monetaria desde Washington con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Honduras, desde la afamada transición a la democracia en 1982, se pudo evidenciar la conformación de una triple dimensión para formar el Estado, que hoy después de 34 años, se puede apreciar en su etapa más crítica, cataclismica e inoperante. La respuesta para una vida mejor no son los militares ni la opresión, sino la ampliación del espectro democrático, la aplicación de la justicia y la transparencia.
Es posible plantear que el Estado de reconfigura en tres etapas: 1) en la creación de una estructura de poder: pensada para regular a los actores sociales y políticos; 2) un sistema de gestión: donde el Estado define y ejecuta el accionar, además de que extrae y asigna recursos en función de su política y, 3) una fábrica de identidades: donde el Estado nombra a su población del territorio y la constituye como portador de derechos, obligaciones y responsabilidades.

Ese sistema de control tuvo su origen en plena incorporación de las políticas neoliberales destinadas para la Gran América. No es casualidad, que muchos de los países de este continente “regresaron” a la “democracia” en el auge del Tatcherismo y los Reagannomics, derivando así en el Consenso de Washington, donde ningún país de América Latina formó parte de ese diseño geopolítico de buena parte de este continente.
La “sociedad moderna y democrática” de Honduras, recibió durante la década de los 80, toda la germinación posible de las políticas de libre mercado. Pero también hay que remembrar, que durante esa época se dio inicio a un proceso de transición política en donde los militares atascados en su propia crisis de ingobernabilidad se vieron obligados por Washington a transferir de manera gradual los controles del poder a los políticos civiles.
Hoy, Hernández, apostado en la silla presidencial, quiere retrasnferir ese poder que se le fue quitado a los militares y dado a la sociedad civil. Esto coloca en el debate público el vacío que existió en términos procesos organizativos de masas para alcanzar el poder, por tanto, el país se ha visto desde aquel momento manipulado a utilizar el modelo de la política representativa y no participativa.

Pues no es lo mismo un proceso de transición política en el que los militares ceden, incluso contra su propia voluntad, el poder a los civiles, que en un proceso en el que los civiles conquistan los espacios políticos a costa del deterioro y repliegue de los militares. En el primer caso, la dinámica de transición es débil y dependiente de factores exógenos. El segundo caso, la energía social acumulada y el impulso político autónomo le conceden más fuerza y mejor contenido al proceso de transición política.
Entonces si lo que ocurrió en Honduras hace más de 30 años fue una transición de poder de los militares a los civiles y hasta la fecha cada una de las decisiones de Estado son consultadas con la cúpula militar, ¿Es realmente una democracia lo que vive Honduras? O ¿Una militarización de la sociedad con representantes que no visten de verde olivo, sino con saco y corbata?

CAMBIO DE ÉPOCA

Los procesos sociales de lucha y emancipación son combatidos con una fuerte represión militar, y la mencionada democracia tan sólo sirve como plataforma de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además de la garantía plena de una sociedad militarizada, tanto por los efectivos militares que se mantienen en las calles como los de la cúpula que toman decisiones ya en el gobierno.
El Neoliberalismo en Honduras responde a una corriente de modernidad civilizatoria –con aristas militares- que proviene del exterior, específicamente desde el imperio. En realidad, este país caribeño y centroamericano se afectó siempre con las características socioeconómicas y políticas imperialistas, tomando en cuenta su condición de sociedad dependiente.
Por tanto, es plausible evidenciar cómo la Policía Militar es una réplica de las políticas imperialistas de libertad por guerra, de asesinatos por “justicia” y de crímenes por impunidad. La limitación del Estado hondureño en la toma de decisiones ha quedado en relieve en los últimos 30 años de “democracia”, ya que el Estado no es proveedor siquiera de fuentes de trabajo, sino se ha vuelto el camino rápido para llegar a la miseria, el terror y la violencia.
Sin embargo, la lucha social y la resistencia en Honduras que data desde la proclamación de la República Federal de Centro América de parte del libertador Francisco Morazán, ha retomado la necesidad de un cambio de época desde el Golpe de Estado político y militar en 2009, convencidos en lograr mejores estadios sociales que permitan generar procesos democráticos y participativos.

El pueblo hondureño ha despertado, está lúcido y ha decidido avanzar hacia la organización social. Continúa más que nunca reclamando justicia y la desmilitarización de la sociedad. Exige cambio y participación, ya que la democracia es, en esencia, gobierno y sociedad civil; las cuales las Fuerzas Armadas tienen su misión y función definidas y delimitadas por la Constitución de la República para preservar la soberanía nacional y resguardar el orden de las fronteras.
Cualquier intento de militarizar la sociedad desde la silla presidencial no puede ser sino un pretexto para someter al pueblo, el cual deja de ser el soberano y se convierte en un instrumento de quienes usurpan el poder, por tanto, la insurrección cómo lo demanda la Constitución y la organización popular como lo exigen los pueblos, se convierten en las herramientas necesarias para vencer y hacer caer al tirano.

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