Casos de corrupción en el olvido: Salud-PRAF
¿A dónde fueron a parar 525 millones de lempiras?
Decenas de casos de corrupción que fueron denunciados y documentados en la huelga de fiscales de mayo de 2008 continúan engavetados, como muchos más que nunca llegaron al requerimiento en contra de los responsables, generalmente ex funcionarios y personas con alto perfil político y económico del país.
Pese a todo el movimiento que hicieron los entonces fiscales Victor Fernandez, Foad Alejando Castillo, Jari Dixon, Soraya Morales, Luis Javier Santos, Sarah Aguilar, Elmer Santos y Juan Carlos Griffin únicamente se cumplió la exigencia de la suspensión del fiscal general Leonidas Rosa Bautista y adjunto Omar Cerna.
Los fiscales también denunciaron al menos 22 casos que en ese entonces estaban en inactividad y muchos de los cuales quedaron en el olvido y consecuentemente en la impunidad, por lo que en NoticiasHondurashn.com nos encargaremos de publicarlos y el primero es el caso denominado PRAF-SALUD.
El investigado en este caso es el ex secretario de Salud, Elías Lizardo, quien fue denunciado por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjudicado de la administración publica.
El hecho ocurrió en el gobierno del presidente Ricardo Maduro y específicamente se refiere a que en el ministerio de Salud se celebró un convenio interinstitucional entre el secretario de Estado Elías Lizardo y Elizabeth de Mazariegos quien fungió como directora del Programa de Asignación Familiar (PRAF), el que tenía como propósito dar una cobertura al sector salud para pago de empleados por contrato.
Mediante este convenio se maneron alrededor de 525 millones de lempiras y las personas que manejaron el proyecto fueron el secretario general de Salud y otra persona que fue nombrada como coordinadora de del proyecto. El ministro de Salud autorizó las firmas de estas personas, y pese a que se manejaron cantidades millonarias (525 millones) no se exigió fianza o caución para responder por las obligaciones, tal y como lo exige la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Se estableció que se emitieron cheques por cantidades significativas, utilizando nombres de personas que no están inscritas en el Registro Nacional de las Personas y de personas que no trabajaron para la Secretaria de Salud, tal como consta en el expediente investigativo que obra en los archivos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Estos cheques fueron cambiados por unas pocas personas.
Los fiscales encargados presentaron el proyecto de requerimiento fiscal contra el secretario de Salud y el encargado del proyecto por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.
Se decretó auto de prisión en los dos requerimientos presentados, sin embargo, pese a que se presentó a la autoridad superior del Ministerio Publico el proyecto de requerimiento fiscal contra el ciudadano Elías Lizardo, se pidio de parte de la autoridad enunciada uno y otro dictamen para evitar presentar el requerimiento fiscal en su contra.
Es importante señalar que luego de generarse la crisis de 2008 se anunció que se presentaría el requerimiento para esconder sus omisiones deliberadas.
Los funcionarios del Ministerio Público han mantenido falta de voluntad para ejercer la acción penal en los tribunales de la República.
