Recolectan firmas para que OEA se pronuncie a favor de una CICI
La organización 300 + Con Dignidad que es parte del movimiento indignados inició una campaña para recolección de firmas a fin de exigir al Secretario General de la Organización de Estados Unidos (OEA) convocar a la Asamblea General para abordar la crisis de legitimidad que se vive en Honduras.
Igualmente se busca que ese organismo se pronuncie a favor del establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) en Honduras. La nota que acompaña la solicitud dice literalmente:
La crisis política que padeció Honduras en 2009 resultó en la suspensión de su membresía en la organización, e incontables secuelas que padecemos aún hoy.
El papel que jugó la OEA en aquel momento generó muchas controversias, pero una de las conclusiones a las que llegó el órgano fue que la Organización debía encontrar la manera para prevenir crisis que resultasen de conflictos que merecen la atención de la OEA.
Actualmente, Honduras sigue sumida en crisis. Esta, la actual crisis, es una de legitimidad y credibilidad, y su origen puede vincularse con aquella situación que vivimos en 2009.
Un error histórico de parte del electorado hondureño concedió en las elecciones del 2009 al partido que constituyó gobierno en 2010 una mayoría casi absoluta en el poder legislativo.
Ante ello, el partido gobernante destituyó ilegalmente en 2012 a los magistrados que integraban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombró de manera ilegítima a sus sustitutos. Intervino al Ministerio Público para forzar la renuncia del Fiscal General y obviando el hecho que había sustituto legal para que terminara el período para el cual había sido electo el Fiscal, eligió, abusando de su control del Congreso, a un fiscal general que, al igual que los magistrados a la Suprema Corte, le eran afines.
Con una Corte Suprema de Justicia en pleno intimidada por la capacidad manifiesta para remover sin escrúpulos a los magistrados que le fueran adversos, el presidente de la República controla todos los poderes del estado, controla al Ministerio Público, y mediante un derroche de fondos para gasto en publicidad, controla también a la prensa.
Ante esa situación, el presidente promovió con éxito que la Corte Suprema, que él controla, emitiese un fallo que declara “Inaplicable” la norma constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
Al hacerse públicos los detalles del saqueo hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y la financiación de la campaña del Partido Nacional con fondos del Seguro Social, lo cual está documentado y ha sido admitido por el mismísimo Presidente Hernández, la población hondureña alcanzó la convicción plena de que el gobierno y su presidente no merece la menor credibilidad, y que la constitución orgánica del estado bajo la conducción del presidente y el partido que lo llevó al poder, ha contaminado de ilegitimidad a la autoridad constituida en todos sus niveles.
