Cuestionan al gobierno por violación al derecho de protesta
Tegucigalpa, 7 abr (PL) Organizaciones civiles cuestionan hoy al Gobierno de Honduras por violar constantemente el derecho a la protesta social y por la impunidad en torno a los crímenes contra activistas de diversos movimientos.
"Repudiemos la violencia y militarización que padece Honduras. Basta ya de violencia a manos de la dictadura civil", afirma en su cuenta en Twitter la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y condena el asesinato de varios estudiantes por criticar la política en ese sector.
Casa Alianza, organismo humanitario que sigue la situación de la juventud en este país, también condenó la muerte violenta de cuatro jóvenes, la desaparición de otros cuatro y las heridas propinadas a decenas en medio de las manifestaciones del alumnado en las últimas semanas.
Una de las asesinadas fue Soad Nicole Ham Bustillo, dirigente estudiantil de 13 años de edad, quien apareció en la televisión, manifestando el descontento por la falta de mobiliario en el Instituto Central Vicente Cáceres, cerca de donde apareció estrangulada y dentro de un saco blanco.
Otros cientos de alumnos de varios colegios públicos de Tegucigalpa fueron impactados durante esas marchas por gases lacrimógenos, golpes y detenciones propinados por guardias de Seguridad y de la Policía Nacional.
Incluso, el 25 de marzo policías antimotines y militares ingresaron en la Universidad Autónoma de Honduras y desataron su fuerza contra un grupo de alumnos, que se refugiaron en ese lugar.
También el domingo 5 de abril el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia informó de otro hecho criminal contra un indígena tolupán, de la tribu San Francisco de Locomapa, en el departamento occidental de Yoro.
Luis de Reyes, de 49 años de edad, murió de varias puñaladas luego que con su esposa Vilma Consuelo Soto denunciara las amenazas de muerte recibidas por participar en protestas contra la deforestación y abusos de empresas mineras instaladas en el área.
Este crimen se sumó al del 25 de agosto de 2013 contra tres tolupanes que participaron en tomas de carretera y otras acciones en oposición a esos proyectos extractivistas, culpables de desplazamientos forzados y otras violaciones de los derechos de las 31 comunidades de ese pueblo originario.
Pese a estos hechos el Gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández acusó este lunes a la oposición política de emprender una campaña de desprestigio para desacreditarlo, previo a la próxima comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
