Deleznable e inadmisible decisión de jueces de liberar a policía encubridores: APJ

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) considera deleznable e inadmisible, por la gran cantidad de pruebas, la resolución dictada por los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa, de conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de dos agentes de la Policía Nacional acusados de ser cómplices del asesinato de dos mujeres, estudiantes de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los miembros de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), fueron acusados de ser cómplices y de haber faltado a sus deberes de funcionarios en el asesinato de Yuri Fabiola Hernández y Bessy Marleny García a mediados del año.
"En Honduras, las leyes nacionales definen las penas para los autores directos, para los que encubren los hechos y para los que faltan a sus deberes; en tal sentido, dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva es asestar un golpe a la lucha contra la impunidad, es una ofensa a las familias de las víctimas y una burla a la justicia", apunta el comunicado de la APJ.
Agrega que dejar en libertad a los agentes de la DNSEI, Fredy Gerardo Mendoza y Gregorio Alexander Anariba, pese a que sobre ellos existen suficientes pruebas de haber sido cómplices en el asesinato de Hernández y García, y de haber faltado a sus deberes, es una acción deleznable por parte del Poder Judicial, que muestra de cuerpo entero el pusilánime accionar de algunos miembros de este poder del Estado en contra de los actos ilícitos y de crímenes cometidos por miembros de la Policía Nacional.
Por ello, la APJ demanda de las autoridades que integran el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, que definan sus funciones y cumplan sus deberes de forma consecuente con los hechos que les toca juzgar. La impunidad se fomenta cuando desde el Estado se libera de culpa a los responsables de los actos criminales y de la corrupción. De nada sirven los esfuerzos del Estado de capacitar y proveer de los recursos necesarios, si a quienes les toca juzgar parcializan sus decisiones y en vez de aplicar las leyes como corresponde se coluden con el crimen y con los criminales.
"Como sociedad tenemos derecho a exigir actuaciones de las estructuras de seguridad y justicia a la altura de las circunstancias, evitando conceder privilegios durante el juzgamiento de los oficiales y agentes policiales que son sometidos a procesamiento en las distintas instancias de la judicatura; es inadmisible, que imputados y con pruebas irrefutables que les responsabiliza de cometer crímenes en contra de la vida de los ciudadanos, sean juzgados en libertad, creando condiciones ideales para que obstruyan la justicia y/o se den a la fuga", afirma.
Considera que es un contrasentido, y ello explica la situación de la criminalidad y la impunidad que hay en Honduras, cuando policías son responsables de cometer crímenes; difícilmente las indagaciones y averiguaciones de los ilícitos pueden prosperar en el país, cuando los autores de los crímenes pertenecen al cuerpo policial que le corresponde de investigar.
La APJ llamo a los titulares de los Poderes del Estado, miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), para que revisen situaciones como la que nos ocupa, que no contribuye a evidenciar el interés en mejorar la seguridad en Honduras. Asimismo, la APJ, ratifica su compromiso de seguir trabajando en procura de hacer mejorar el Sistema de Seguridad y justicia en Honduras, para garantizar el pleno goce de los derechos y libertades de las hondureñas y hondureños.
La APJ es una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras,