Imponen medidas a activista de Libre que atentó contra libertad de expresión
En audiencia de Declaración de Imputado en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, se impuso medidas cautelares contra el ciudadano Carlos Eduardo Llopis Hernández, por la comisión de los delitos de Coacciones y Privación Ilegal de la Libertad, en perjuicio del periodista Cristhian Joel Rowe y del comunicador social Arnold Bejarano de la O.
El juez resolvió imponer medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 173, como ser la prohibición de salir del país, presentarse cada mes a la secretaria del juzgado, no acercarse a los ofendidos y prohibido visitar lugares donde vendan bebidas alcohólicas.
Lo anterior tomando en cuenta la gravedad objetiva de los hechos y el riesgo procesal advertido, ya que, de acuerdo con lo investigado, la acción atribuida al imputado consistió en una reacción violenta e intimidatoria frente a la emisión de comentarios periodísticos relacionados con asuntos de interés público.
Llopis Hernadez, se presentó a las instalaciones del medio de comunicación de Rowe y procedido a cerrar con candado el portón principal del inmueble, colocando además un rótulo con contenido ofensivo.
Esta conducta provocó que el operador de transmisión quedara encerrado dentro del inmueble, sin posibilidad de salir, afectando directamente su libertad ambulatoria.
Posteriormente, habría remitido mensajes con expresiones insultantes y racistas dirigidos al periodista afectado, así como la difusión de un video en el que exhibía las llaves del candado, atribuyéndose la acción de haber impedido la transmisión del medio de comunicación.
Este tipo de conductas constituyen ataques directos contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), que presentó la acusación reafirmó el compromiso de investigar y promover la acción penal en todos aquellos casos en los que se adviertan agresiones, amenazas o actos de intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, garantizando la protección efectiva de quienes ejercen la función social de informar.
