Justicia siguen en deuda a nueve años del asesinato de Berta Cáceres
Pese a que ya han transcurrido nueve años del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, la justicia hondureña y la verdad siguen en deuda afirma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras).
En un comunicado, el GIEI nota que el asesinato de Berta de Cáceres, lejos de ser un hecho aislado, se circunscribe en un patrón de violencia generalizada contra defensores y defensoras del medio ambiente, la tierra y los derechos humanos el continente americano.
A casi una década de los hechos, sigue pendiente el esclarecimiento completo de los hechos, ya que si bien son avances la identificación y condena de los autores materiales del asesinato, no culminan la obligación del Estado de Honduras de llevar a cabo una investigación que determine los autores intelectuales y esclarezca los delitos conexos al asesinato.
Agrega que “las estructuras financieras y económicas que hicieron posible su asesinato deben responder ante la justicia y la sociedad hondureña” y además de la investigación, queda pendiente un recorrido hacia las garantías de no repetición y la reparación de las víctimas, familiares y comunidades afectadas.
En Honduras, como en muchos otros países de la región, “las comunidades indígenas siguen enfrentando la amenaza de megaproyectos que buscan apropiarse de sus tierras y recursos, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas y atentando contra formas de vida que han existido ancestralmente”, afirma el comunicado.
En este contexto, quienes defienden estos territorios continúan siendo blanco de agresiones, hostigamientos y criminalización, a menudo con la complicidad de actores estatales y privados.
En su reciente visita a las comunidades de La Esperanza y Río Blanco, el GIEI evidenció cómo la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura sin garantías de participación y sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas, generando escenarios de conflictividad, violencia y graves violaciones a los derechos humanos.
En sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, el GIEI pudo evidenciar que la lucha de Berta no terminó con su vida; su legado resuena en las comunidades que siguen enfrentando el despojo, la persecución y la criminalización por defender sus territorios frente a proyectos impuestos sin consulta ni consentimiento.
El GIEI fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante (COPINH y CEJIL) con el propósito de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos y otros delitos conexos, y proponer medidas de reparación y garantías de no repetición.
