Movimiento social declara emergencia en el Bajo Aguán
Emergencia nacional ha sido declarada en el Bajo Aguan por las organizaciones del movimiento social, popular, feminista, de derechos humanos, indígena, garífuna, artístico, disidencias sexuales, afro indígenas y estudiantil de Honduras.
En un comunicado emitido hoy las organizaciones advierten el peligro mortal en la que están expuestas las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile debido “a los ataques armados por grupos sicariales apoyados por guardias bajo la responsabilidad de la Corporación Dinant”.
Indican que el grupo corporativo está desplazando y asesinando a campesinos y campesinas para desalojarlos de la tierra, por lo que alertan que es una estrategia para desarticular la lucha campesina e indígena en ese territorio y en todo el país.
Agregan que en esos asentamientos hay mujeres, hombres, niños y niñas que están viviendo el terror cada día desde hace meses, agudizado en estos últimos días de enero.
“Los llamados de auxilio y solidaridad a través de audios y llamadas de la gente que está en la zona no ha tocado a este gobierno presidido por la presidenta Xiomara Castro, cómplice ahora de lo que ahí está sucediendo”, afirma el comunicado.
Denuncian que la policía apostada en el lugar con despliegue de agentes y equipamiento, no interviene a favor de la vida de los defensores; y los supuestos mecanismos judiciales no se hacen efectivos para capturar a los líderes de estos grupos que mantienen aterrorizadas a las familias campesinas.
“Los ministros y funcionarios de gobierno que debieran preservar la vida sólo se justifican, se lamentan públicamente, y dan largas a una realidad en la que ya se reportan personas heridas, secuestradas y asesinadas”, sostienen.
Las organizaciones sociales igualmente denuncia la falta de cumplimiento a los acuerdos que firmó la presidenta Xiomara Castro con la Plataforma Agraria y COPA el 22 de febrero, 2022, para resolver la situación que nunca debió llegar a este nivel de violencia extrema e histórica en la región del Bajo Aguán.
Señalan que el gobierno de Castro y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento, la persecución, la criminalización y asesinatos de las familias que están bajo fuego en el suelo sagrado de Honduras que prometieron defender, pues estando plenamente informado de la gravedad de la situación no responde a la altura de la crisis letal.
El documento es firmado por decenas de organizaciones, entre ellas el Cespad, Coiproden, Foro de Mujeres por la Vida y la Codemuh, entre otras.
