Gobierno destina L1,350 millones para compra de votos en elecciones, denuncia Cespad
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) alertó hoy que 1,350 millones de lempiras fueron aprobados por gobierno de Juan Orlando Hernández para la presunta realización de transferencias monetarias a los beneficiarios de un nuevo programa "Bono Vida Mejor-Bicentenario".
El 26 de octubre mediante decreto ejecutivo número PCM-118-2021, en Consejo de Ministros, el gobierno de Hernández acordó "la incorporación de hasta Ciento Setenta Mil (170,000) hogares" para ser beneficiados con transferencias monetarias con una única entrega "por un monto de SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 7,000.00) a cada familia beneficiada".
La nueva normativa se da a menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones generales 2021 y con ella “se pondrán a disposición fondos que en cualquier análisis que se haga están destinados a la compra de consciencias y de votos en la contienda electoral del 28 de noviembre”, afirma un comunicado de Cespad.
¿Dinero para el financiamiento de campañas políticas y la compra de conciencias en las elecciones generales?, se pregunta la organización al reconocer que el hecho despierta mucha preocupación y rechazo por el momento electoral que se vive.
Es decir, agrega Cespad, la pobreza y sus consecuencias, vuelven a ser las excusas para que la actual administración gubernamental, a menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones generales 2021, emita una normativa con la que se pondrán a disposición fondos que en cualquier análisis que se haga están destinados a la compra de consciencias y de votos en la contienda electoral.
Por eso, el Cespad alerta a las misiones de observación internacional, especialmente de la Unión Europea (UE) y la OEA a que tomen nota de este tipo de medidas que distorsionan los estándares internacionales de elecciones competitivas y equitativas.
Asimismo llama a la Unidad de Política Limpia a revisar estas iniciativas gubernamentales de falta de neutralidad política en plena campaña electoral, en base a los artículos 32 y 63 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos.
