El fracaso estatal en libertad de expresión y lucha contra la corrupción

Editorial de radio Progreso

La libertad de expresión es un componente esencial para la democracia, ya que promueve la realización personal de quien se expresa y facilita la deliberación abierta sobre los asuntos de interés general. 
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión, también puede concebirse como un derecho para arrojar luz sobre las estructuras ilícitas y secretas con las que actúan quienes cometen actos de corrupción. Como el objetivo de las personas corruptas es mantener sus actos fuera del escrutinio público, la libertad de expresión permite que se produzca un control social sobre las actuaciones de los gobiernos. Por ello, la libertad de expresión puede considerarse como un derecho a incomodar a las personas corruptas y una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción. 
A su vez, este derecho permite que la ciudadanía participe en el control de la gestión pública, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar un ambiente libre de amenazas para quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción. 
Cuando las estadísticas muestran que en el país han sido impunemente asesinadas 90 personas periodistas y comunicadoras en los últimos 16 años, evidencia el fracaso y la falta de voluntad estatal para luchar contra la corrupción y la impunidad.

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