El Cimeqh pide transparentar modificación de contrato con telefónicas
El Colegio de Ingenieros Mecánicos. Eléctricos y Químicos de Honduras (Cimeqh) pidió al gobierno que detalle concretamente cuáles serán los beneficios que recibirá el pueblo hondureño como consecuencia de la modificación de los contratos, con las telefónicas Tigo y Claro, sobre todo la disminución de la tarifa telefónica y de qué manera se atenderán las demandas del servicio en los lugares más apartados del país.
El comunicado del Cimeqh se refiere a las facultades que se le otorgó, por parte del Congreso Nacional, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para modificar los contratos con las telefónicas y por tanto exige que se indique cuánto percibirá el Estado durante la vigencia de los contratos y para que serán destinados estos fondos.
Asimismo solicita limitar la vigencia de la modificación de contratos al tiempo que dure la ernergencia, para no enajenar o hipotecar el futuro del espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones respecto al decreto 33-2020.
“El Decreto en referencia autoriza que la modificación de los contratos se haga por un acuerdo mutuo entre, las empresas de telefonía celular y Conatel, excluyendo a otros posibles ofertantes, como si se tratara de un contrato sin trascendencia en la vida nacional, sin hacer una valoración previa del espectro radioeléctrico en las actuales condiciones de mercado, por lo que demandamos que para realizar dicha valoración se integre una comisión técnica, en el que el CIMEQH y la sociedad hondureña estén representados y para transparentar esta operación”, afirma el comunicado.
El Colegio afirma que se debe aclarar en que consiste el Plan Nacional de Banda Ancha y precisar cuáles son las condiciones que se modificaran en los nuevos contratos, respecto a los contratos ya existentes.
Recuerda que la adjudicación de los nuevos contratos no solamente tendrá vigencia durante la emergencia, sino que se prorrogaran sus efectos quien sabe por cuantos años y por mandato de la Constitución de la República y de la Ley, todo contrato que pasee otro periodo de gobierno deberá ser ratificado por el Congreso Nacional.
“De no cumplir con estas exigencias, quedará claro que, la coyuntura de la pandemia está siendo aprovechada para negociar y adjudicar los contratos en provecho propio de los que van a negociar y no en beneficio del pueblo hondureño al ceder el espectro radioeléctrico en condiciones desventajosa para Honduras y que el propósito del decreto 33-2020 es amarrar los contratos con las empresas de telefonía celular, cerrando las puertas a la participación de nuevas empresas que puedan ofrecer mejores condiciones y la apertura a una competencia positiva”, concluye.
