El silencio del Fonac ante la compra de ventiladores mecánicos inservibles

Por Adolfo Facusse

Es increíble como podemos olvidar tan pronto. Hace muy pocos días que el pueblo hondureño fue claramente advertido que los $503 millones que han sido aprobados para atender la emergencia del Covid-19 podrían ser mal utilizados.

Escritos como el que citamos a continuación circularon en las redes sociales advirtiéndonos del peligro, porque ya se tenía la experiencia de que fondos creados para ser manejados discrecionalmente (el "Tazón" por ejemplo) y bajo el manto del secreto, se prestaban para enriquecimientos ilícitos con los dineros del pueblo hondureño.

Y bien, se hizo la primera compra, la de los famosos ventiladores que se necesitan para salvar las vidas de los gravemente infectados. Se le dio amplia cobertura mediática a esta compra, se filmó hasta el aterrizaje del avión presidencial cuando traía y descargaban los equipos que compraron en Nueva York.

¿Y qué pasó? Pues que dichos ventiladores que compraron eran inservibles, no solamente no eran los que se necesitaban sino que hasta estaban condenados por defectuosos por la FDA, la entidad de los EUA encargada de velar aspectos basicos de la seguridad de los consumidores de ese país!

Ahora bien, hemos estado esperando que las entidades que fueron designadas como fiscalizadores de estas compras: COST, FONAC y COHEP digan algo, comenzando por aclarar si es cierto o no que los hayan consultado antes de comprar estos ventiladores; si estuvieron o no de acuerdo con las especificaciones y garantías de estos equipos; y si tuvieron o no la oportunidad de comparar los precios de adquisición de los mismos contra los de otros suplidores.

El silencio de estas entidades hasta el día de hoy no es una buena señal para el pueblo hondureño, que esperaba que iban a estar atentos a defender los intereses del pueblo hondureño, sacrificado dueño por sus impuestos de esos $503 millones.

Es más, los representados por esas instituciones fiscalizadoras nos sentimos molestos por su papel en este caso, porque el que calla otorga y si están como fiscalizadores comprometen y no van a decir o hacer nada cuando ocurre un acto delictuoso o por lo menos demostrativo de incapacidad, se afecta a todo el gremio. Van a decir, por ejemplo. "los empresarios representados por el COHEP están de acuerdo con esta compra" y no es cierto, nosotros estamos en contra de actos fraudulentos.

Vemos también la razón por qué no fueron incluidos como fiscalizadores el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con quienes hubiera sido prácticamente imposible que se cometieran esta clase de atracos.

Así que nuevamente, repetimos la advertencia que se envió por las redes sociales y que decía lo siguiente:

"¡LEAN POR FAVOR! Tal vez así comprenden sobre el negocio exitoso que ha resultado ser el COVID-19 para los políticos Hondureños.

"5 particularidades de la ley aprobada por el cn contra el covid-19". Del muro de Héctor Maradiaga

(1) Permite la contratación directa de empresas constructoras, servicios, consultorías, compra de materiales, personal, adquisición de equipos sin límite alguno.

(2) Pone como garantía ante fideicomisos el Fondo de Pensiones del IHSS.

(3) Con fondos del BID y del Fondo de Pensiones (420 millones de dólares) se construirán 94 unidades hospitalarias, que una vez instaladas serán administradas y dependientes del presupuesto del IHSS.

(4) Las unidades hospitalarias estarán listas hasta dentro de seis a doce meses.

(5) La ejecución y manejo de fondos serán supervisadas por la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La Junta Directiva del Congreso se opuso a que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fuera parte de las instituciones vigilantes.

En conclusión:

(a) Se vienen compras sobrevaloradas, adquisiciones a empresas fantasmas, beneficio a políticos dueños de constructoras, empresas de salud, abastecedoras de productos, etc.

(b) Peligra el Fondo de Pensiones de los trabajadores (as) del IHSS.

(c) Se retoma la aplicación de la Ley Marco de Protección Social que abre la puerta a tercerización de servicios y manejo de entidades sanitarias por parte de fundaciones y ONG´S.

(d) El plan de emergencia no va orientado a la actual red hospitalaria, ni a fortalecer a los centros asistenciales de forma inmediata, por lo que el “objetivo COVID-19”, fue solo un argumento para meter la normativa.

(e) Los “fiscalizadores” de los fondos serán: Juan Carlos Sikaffy y su equipo (COHEP), Omar Rivera (Fonac) y la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), integrado por gobierno, empresarios y sociedad civil.

(f) En el marco de la crisis y miedo colectivo al COVID-19 y su miedo de contagio en manifestaciones, este es el mejor momento para aprobar un golpe a la salud pública."

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