Vía libre al Ejecutivo para depurar la Policía
El Congreso Nacional aprobó este jueves, por mayoría, un decreto que autoriza al Ejecutivo a despedir aquellos policías involucrados en acciones irregulares, como el reciente caso donde se denunció que policías, incluso de la cúpula, están involucrados en el crimen del zar antidrogas, Aristides González.
El decreto del Legislativo hondureño, aduciendo emergencia también contempla una asignación presupuestaria para el pago de prestaciones a los sindicados.
“No se admite más postergación a la ansiada depuración policial, por lo que aquellos agentes y oficiales que hayan abusado de autoridad, transgredido la Ley y enriquecido ilícitamente, deben ser castigados ejemplarmente”, dijo Omar Rivera, coordinador general de la Alanza por la Paz y la Justicia (APJ).
“Es ahora o nunca. Es el momento oportuno para que los delincuentes y corruptos que han ensuciado el uniforme policial reciban su merecido” expuso el dirigente de sociedad civil.
Rivera indicó que la aprobación del decreto legislativo que estableció declarar emergencia y seguridad nacional e interés público la depuración de la Policía Nacional, es un paso importante para sacar las “manzanas podridas” de la Policía Nacional.
“Honduras espera resultados inmediatos en el proceso de profilaxis de los diferentes organismos policiales y esto solamente se puedo lograr si los diferentes entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia investigan rigurosamente, judicializan de forma expedita y sancionan de manera pertinente”, manifestó.
La Comisión Especial para la Depuración Policial debe estar conformada por personas honestas y capaces, pero esencialmente valientes, “que no tengan temor para enfrentar a las mafias que operan a lo interno de la Policía Nacional”; del mismo modo, aseguró que “la población debe brindar todo el respaldo necesario a las ejecutorias de la Comisión y debe estar vigilante de su desempeño y resultados”.
INTERVENCIÓN DEL MP
Por otra parte, Omar Rivera felicito al Ministerio Público (MP), por haber tomado la decisión de asegurar y resguardar datos, expedientes y denuncias que involucren a agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional, que estaban en poder de la Secretaría de Seguridad y Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
"Toda la información que el Ministerio Público, vaya recopilando debe ser utilizada por los fiscales para preparar los requerimientos fiscales que permitan judicializar y castigar a los policías que hayan cometido delitos”, expresó.
El coordinador de la APJ, exigió que “la acción penal del MP, no solamente debe circunscribirse a quienes hayan cometido actos corruptos y criminales en el ejercicio de la función policial, sino también a investigar y sancionar a las autoridades que lo han permitido a lo largo de las últimas décadas”.
