Inicia juicio contra exgerentes de la ENP por delitos de corrupción
Juicio oral y público en la sala cuarta del Tribunal de Sentencia inicio el juicio oral y público contra dos ex gerentes generales de la Empresa Nacional Portuaria, (ENP) y dos ejecutivos más por supuestos delitos de corrupción que le costaron al Estado de Honduras 17 millones 72 mil 330 lempiras con 95 centavos.
Por abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública están acusados el gerente general de la ENP Maynor Humberto Pinto Valle en el período de febrero 2010 a enero 2011 y también Iván Gustavo Matute Gómez, quien fungió desde diciembre 2009 a febrero 2010.
En la acusación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, se añade como imputado el ex jefe de compras de ese ente estatal, Óscar Antonio Artiga Orellana por abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras y además de la fe pública.
Se agrega la acusación contra Juan Antonio Escobar Figueroa por falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras y además de la fe pública.
El juicio oral y público se inicia a raíz de una serie de denuncias, entre ellas una escrita con fecha del 12 de mayo 2010 del ciudadano Julián Cárcamo, que originó una investigación desde el ente acusador en nombre de la sociedad: el Ministerio Público.
Esos mismos señalamientos provocaron que a mediados de 2011, la ENP fuera intervenida por una comisión nombrada por el entonces presidente hondureño, Porfirio Lobo, de quien el ex gerente Maynor Pinto fue su conductor durante sus dos campañas proselitistas.
La intervención también se produjo por informes del Tribunal Superior de Cuentas en los que se establecen manejos inapropiados de la entidad.
La acusación establece que desde enero a septiembre de 2020 los encausados violaron la Ley de Contratación del Estado y el Reglamento del Presupuesto General de la República al fragmentar varios proyectos y ejecución de obras al elaborar órdenes para la contratación de servicios y suministros y así evadir los obligados procesos de licitación pública y privada.
La acusación en los que se supone se violó la ley al fragmentar los proyectos u obras para no licitarlos son la reparación de techos por un monto de 548 mil lempiras, la construcción y reparación de baños por 787 mil 24 lempiras y la construcción y limpieza de tanques y tragantes por un millón 428 mil 340 lempiras de enero 2010 a septiembre 2010.
Asumismo la construcción y reparación de cercos por 2 millones 817,380 mil lempiras, la construcción y reparación de calles y de lozas de concreto por 5 millones 314 mil 896 lempiras, la remisión de pilotes por 675 mil lempiras, la reparación y remodelación de edificios y oficinas por 4 millones 464,890 lempiras y la recolección de botaderos y techos sólidos por 937 mil lempiras.
Todos esos montos de dinero supuestamente desembolsado desde el erario suman 17 millones 72 mil 330 lempiras con 95 centavos.
La continuación del juicio fue programada para el próximo 6 de marzo a las 9:00 de la mañana.
