Corrupción en Corredor Turístico dejará pérdidas de $300 millones, denuncia ASJ

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reiteró la opacidad y negligencia de las autoridades gubernamentales, al evidenciar las debilidades en la gestión de la supuesta comisión de irregularidades en el proyecto de Concesión del Corredor Turístico bajo responsabilidad de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), el cual podría representar la pérdida de hasta 300 millones de dólares para el Estado hondureño.

La organizacion reveló que la de transparencia en el uso de fondos públicos constituye un obstáculo en contra del desarrollo del país, condenando a los hondureños a la carencia de servicios públicos de calidad que el Estado debe proporcionar, principalmente en favor de los más vulnerables.

Agrega que desde hace más de un año denunció ante el Ministerio Público (MP) y Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) sobre las supuestas irregularidades encontradas en el proyecto Corredor Turístico.

En tal sentido, el MP está obligado a investigar los actos irregulares señalados y, en caso de haber indicios sólidos de hechos cometidos al margen de la ley, deducir responsabilidades a quienes por acción u omisión dejan hoy una gran cantidad de recursos por pagar al pueblo hondureño.

La ASJ considera una decisión positiva del Gobierno de la República la inminente clausura de Coalianza, institución que durante su gestión ha demostrado opacidad, ineficiencia y falta de rendición de cuentas, factores que promueven la corrupción en la administración pública.

Estima necesario adoptar medidas que permitan subsanar las falencias existentes en el marco legal e institucional de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP).

La figura de la APP es una alternativa para construcción de obras públicas o prestación de servicios cuando los recursos del Estado son insuficientes y tiene un impacto provechoso, siempre y cuando se realice en estricto cumplimiento de las leyes, de forma transparente y con la regulación pertinente para el desarrollo social y económico del país.

Sin embargo, opina que el uso de fondos estatales para el lucro de particulares no debe ser visto como una actividad colateral de la administración pública.

Finalmente la ASJ condena enérgicamente cualquier intención perniciosa contra los derechos de la población de gozar de servicios públicos de calidad y reafirmamos nuestra misión de seguir trabajando para que el sistema estatal funcione, especialmente a favor de los más vulnerables.

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