El Congreso de EEUU puede responsabilizar a Trump sobre Honduras

Por Paul J. Angelo

Colaborador de opinión*

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Las recientes acusaciones de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue cómplice de recibir dinero del narcotráfico, puede significar el final de su controvertida presidencia. Si puede completar su mandato, que termina en 2022, dependerá en parte de cómo maneje su relación con Washington, especialmente si puede influir en la administración de Trump donde más importa: darle a Trump una victoria de inmigración.
Hernández, un amigo cercano del gobierno de Estados Unidos, ha esquivado las acusaciones de narcotraficantes. Pero estas últimas afirmaciones son una prueba formidable de su control sobre el poder. La revelación surgió en un caso judicial en los Estados Unidos contra el hermano de Hernández, quien fue arrestado en noviembre pasado en Miami por cargos de narcotráfico, y sostiene que el presidente hondureño aceptó $ 1.5 millones en ganancias de cocaína para su campaña de 2013.
Pero una oposición fracturada ha demostrado una restricción ineficaz contra los impulsos cleptocráticos y autoritarios del presidente Hernández. Las manifestaciones a nivel nacional contra las prácticas corruptas de Hernández y los intentos de privatizar la educación y la atención médica han seguido al presidente desde abril, a lo que el ejército ha respondido con gases lacrimógenos y fuego vivo para dispersar a los disidentes. Según sus detractores, el presidente sigue en el poder principalmente debido a su apoyo tanto de las fuerzas de seguridad del país como de la embajada de los Estados Unidos.

La legitimidad de Hernández ya ha sido cuestionada por algún tiempo. En 2017, Honduras estalló en violentas protestas tras la reelección del presidente; ese proceso fue ampliamente percibido como fraudulento. Si bien la Organización de los Estados Americanos respaldó una nueva elección, la administración Trump reconoció el resultado, obstaculizando la oposición democrática. Parece que el presidente Trump estaba ansioso por abrazar la mano firme, por no mencionar autocrática, de un socio en América Central que prometió cooperación en materia de migración y drogas.
En respuesta, la administración Hernández ha telegrafiado reiteradamente su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos en el escenario global. Honduras acaba de presentar este mes una instalación diplomática en Jerusalén, reconociendo a la ciudad como la capital de Israel, un movimiento controvertido que puso a Honduras en sintonía con la administración Trump pero en desacuerdo con la mayoría del mundo en el tema. Hernández también ha sido un socio confiable para el ejército estadounidense, que organiza sus operaciones antinarcóticos regionales desde una base aérea hondureña.
Sin embargo, para disgusto de Trump, Honduras sigue siendo una fuente principal de migración indocumentada a los Estados Unidos. El número de migrantes hondureños detenidos por la Aduana y la Patrulla Fronteriza de EE. UU. aumentó a 77.128 en 2018 , aproximadamente el 19 por ciento de todos los migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses el año pasado. Y la frustración de Trump por las reiteradas caravanas de migrantes, todas las cuales partieron de Honduras en ruta hacia la frontera entre Estados Unidos y México, incluso lo impulsaron a derogar los beneficios de Estatus de Protección Temporal (TPS) para 57,000 ciudadanos hondureños queresiden en los Estados Unidos, que habían sido protegidos de repatriación desde 1999.

En julio, el presidente Trump, fuertemente armado, el presidente Jimmy Morales de la vecina Guatemala para designar a Guatemala como un "tercer país seguro" para miles de refugiados, quienes bajo los términos del acuerdo deben solicitar asilo allí en lugar de continuar su viaje hacia el norte. A cambio, el Departamento de Estado de Trump ha guardado silencio sobre los asaltos de Morales al estado de derecho, incluida la interferencia en una investigación apoyada por la ONU sobre la corrupción de Morales. El gobierno de Trump ya ha manifestado su esperanza de lograr un acuerdo de asilo similar con Honduras para el 1 de octubre. Hernández, que visitó Washington dos veces en el último mes, podría posiblemente aceptar sellar las porosas fronteras de Honduras a cambio de que Trump haga la vista gorda a las supuestas fechorías de Hernández.
A pesar de esta perspectiva, los demócratas en el Congreso aún pueden enviar un fuerte mensaje de que el gobierno de los Estados Unidos no defiende la corrupción y el autoritarismo de las drogas en Centroamérica. Primero, los líderes del Congreso deberían criticar públicamente la laxitud de Hernández y Trump al perseguir a funcionarios corruptos sospechosos de cometer delitos de drogas. Presidente de la Cámara Nancy Pelosi sentó un precedente en una visita a Honduras en agosto cuando rechazó una invitación para reunirse con Hernández. Sin embargo, los demócratas deberían ser más contundentes al llamar la complacencia de la administración Trump con la venalidad.
Segundo, el Congreso debería celebrar audiencias de supervisión que arrojen luz sobre el mal comportamiento de Hernández. En 2018, los líderes del Senado escribieron una carta bipartidista , desencadenando una investigación, en respuesta a la desaparición del periodista Jamal Khashoggi a manos del gobierno saudí.Poner a la administración Trump y sus aliados en el Congreso en el registro de una manera similar podría presionarlos para que responsabilicen a Hernández o, de lo contrario, exponer una vulnerabilidad electoral para los republicanos que se enorgullecen de ser duros con las drogas.
De hecho, el último escándalo de Hernández, que complica una de las principales prioridades regionales del presidente de EE. UU. que frena el comercio ilegal de narcóticos, puede proporcionar la munición necesaria para que el gobierno de EE. UU. lo aísle y exija su cooperación o su expulsión.

  • Paul J. Angelo es miembro de estudios de América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores. Anteriormente trabajó como oficial político en la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Honduras.
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