Dos decisiones, una estructura criminal
Por Radio Progreso y el ERIC-SJ
Esta semana fuimos testigos de la resolución de dos juicios con dos resultados diferentes. El primero fue el caso Astrofarma, por el que se acusaba a Lena Gutiérrez, su padre, su esposo, su hermano y 9 imputados más. El segundo, fue el caso conocido como “la caja chica de la dama” en contra de Rosa Elena de Lobo, su secretario privado y su cuñado Mauricio Mora, detenidos desde febrero de 2018.
Para Lena Gutiérrez y familia, el Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos emitió un fallo de sentencia absolutoria, bajo el argumento de que no encontraron suficientes indicios de su participación en los delitos de falsificación de documentos, fraudes en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la salud pública, ni del delito de complicidad.
En cambio, a Rosa Elena de Lobo, el Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos la encontró culpable de tres delitos continuados de apropiación indebida y ocho delitos de fraude en el grado de participación de autora por inducción, en perjuicio de la administración pública. La ex primera dama, tendría una pena mínima de 58 y un máximo de 87 años de prisión.
La pregunta que salta es ¿Por qué dos resoluciones diferentes a dos casos con evidentes indicios de corrupción? Al menos hay dos explicaciones: en el caso de Lena Gutiérrez y su honorable familia, parece que en la decisión pesó más una decisión política, que una decisión jurídica. La decisión política se expresó en las deficiencias técnicas del Ministerio Público al no hacer la investigación criminal requerida para mostrar las pruebas irrefutables los actos de corrupción. Es decir, en el caso hubo delito, lo que no hubo fue investigación criminal; por tanto, la fiscalía le puso en bandeja de plata la condena absolutoria al tribunal.
Mientras, en el caso de la “caja chica de la dama” la cosa fue diferente el caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción. La UFECIC sí hizo su trabajo mostró pruebas científicas de los delitos que se cometieron. Es decir, hubo delito y hubo investigación criminal e independencia en la investigación de la Ufecih, de modo que el tribunal no tuvo otro camino que emitir una sentencia condenatoria.
Estas dos sentencias nos dejan dos lecciones. Primera: la necesidad de fortalecer la investigación criminal en el país y reafirmar la importancia de la Ufecic y la Maccih en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Segunda: tanto en los actos de corrupción de Lena y familia, como en los de Rosa Elena, la estructura conductora de esa criminalidad es el Partido Nacional, conducido en esta década principalmente por Juan Orlando Hernández y hacia allá debe apuntar toda la investigación criminal y toda la presión social.
