Iglesia Católica culpa al gobierno de crisis en el Aguán

La Diócesis de la Iglesia Católica en Trujillo, lamentó la crisis violenta que ha sido generada por el Estado en la región del Aguan y Tocoa, Colón específicamente y que ha cobrado la vida de pobladores y soldados del Ejercito.

La diócesis que comprende los departamentos de Colón y Gracias a Dios, en un comunicado publico, lamentó que la crisis violenta haya sido generada, principalmente a través de la institucionalidad gubernamental, desde el momento en que dio en concesión un área para explotación minera metálica dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en favor de una empresa minera, siendo zona de alta producción de agua.

Agrega que de manera planificada, para beneficiar a las empresas mineras, el Congreso en menos de un año modifico el decreto legislativo #127-2012 de creación del Parque Nacional Montaña de Botaderos (Carlos Escaleras) para reducir la zona núcleo del parque y entregar dos (2) proyectos mineros a la empresa Inversiones Los Pinares.

La diócesis cuestiona que "los medios de comunicación, de manera irresponsable, siguiendo el guion mediático de la gran empresa digan que el conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y una empresa minera".

Aclaran que no es así. "La crisis involucra a toda la población del departamento de Colón que está en favor de la vida: en favor del derecho humano al agua y a un ambiente sano. Prueba de ello es que cinco de los diez municipios del departamento de Colón, mediante cabildos abiertos, han declarado a sus municipios libres de minería".

La iglesia denuncia que el impacto de la apertura de carreta que ha realizado la empresa minera han sedimentado dos ríos del municipio dejando sin acceso al agua a las comunidades.

La crisis ha evolucionado hacia la violencia dejando un saldo de 18 miembros del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos, criminalizados, con órdenes de captura por defender el agua y el ambiente y el desalojo violento del campamento por la dignidad y la vida instalado en la parte alta de la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa en el que participó alrededor de mil efectivos de la Policía Nacional y del Ejército quienes lanzaron unas 500 bombas lacrimógenas, golpeando y torturando a muchos miembros del campamento.

Asimismo un herido el 7 de septiembre en disparo realizado por un empleado de Inversiones los Pinares, un autobús de la empresa de transportes Mirna calcinado, una vivienda quemada y la propietaria seriamente amenazada por empleados de la empresa minera en Ceibita y tres personas fallecidas (un civil del grupo COVIPERCE de Ceibita el domingo 28 donde presuntamente, también salió herido el Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Tocoa, y dos militares el lunes 29 durante desalojo de manifestantes en el desvío a la comunidad de Guapinol).

La iglesia lamenta que las personas e instituciones llamadas a solucionar el conflicto y la crisis socio ambiental, como Miambiente, Inhgeomin, ICF y municipalidad de Tocoa, han desaparecido permitiendo que la crisis se agudizara, "lo que los hace cómplices de esta danza macabra".

Añade que "Como iglesia católica estamos en contra de todo acto de violencia; en contra de toda violación a los derechos humanos porque estamos a favor de la vida, y vida en abundancia. Es prioridad la garantía del derecho al agua y a un ambiente sano, a la promoción de la justicia y el derecho por encima de la legalidad secuestrado por la corrupción y la impunidad. Nos solidarizamos con las y los hermanos perseguidos, con la Fundación “San Alonso Rodríguez” la “Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan-COPA” y con la Parroquia San isidro Labrador de Tocoa, criminalizadas por un estado coludido con el poder económico".

A criterio de la iglesia la gota que derramó el vaso ha sido la permisividad de la movilidad de armas y la organización de grupo armado en Ceibita como estrategia para disolver el campamento en defensa del agua, los resultados son evidentes. 

Por todo ello la Diócesis exige que se haga una investigación profunda y seria de todo el proceso de consecionamiento y licenciamiento ambiental otorgados en favor de la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras y que se detenga todo trámite de consecionamiento en todo el territorio de la diócesis de Trujillo, mientras no se resuelva la crisis ambiental y humana en la región del Aguán y se pueda tener la participación directa de las comunidades en la definición de proyectos de desarrollo sostenible.

De manera inmediata piden que se haga presente en la región del aguan, los ministros de las secretarias e Institutos; Miambiente, Derechos Humanos, Salud, Inhgeomin, Icf, la comisión de Minería del Congreso para sentarse con las organizaciones populares y la Diócesis de Trujillo y poner fin a la crisis violenta originada por ellos mismos en la región del Aguán. 

Finalmente llaman a los medios de comunicación local, nacional e internacional para que hagan acto de presencia en la zona del Aguan para que informen con la verdad, todo lo que acontece. Igualmente a las organizaciones de Derechos humanos para que juntos exijan la garantía de los derechos humanos, en especial de los hermanos e instituciones criminalizadas.

Noticias Honduras

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