Justicia para Berta Cáceres reclama Greenpeace

La organización ecologista denuncia que los autores intelectuales del asesinato no se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en el juicio que comienza en Tegucigalpa para esclarecer los hechos en torno al asesinato de la activista en 2016.

Una activista sostiene un cartel junto a la Embajada de Honduras esta mañana / Greenpeace

Activistas de Greenpeace han pintado esta mañana en la entrada de la Embajada de Honduras en Madrid, una silueta con el rostro de Berta Cáceres con el lema “Justicia para Berta Cáceres”. También han entregado en la Embajada una carta en donde se expresa la preocupación de la organización ecologista y pacifista por las carencias procesales y los temores de que los autores intelectuales del crimen, aún en libertad, no sean perseguidos ni enjuiciados.

El juicio comienza tras más de dos años del asesinato de esta activista hondureña y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro, hechos ocurridos en la noche del 2 de marzo de 2016. El asesinato de Berta Cáceres se produjo después de encabezar la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que pone en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, comunidad a la que Berta pertenecía. Berta y su organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus principales opositores.

“Reclamamos Justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, organización que ve cómo cada vez se presiona más a las personas que defienden el medio ambiente y se pone en riesgo su vida.

“Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas, así como de las medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente”, ha declarado Soto. “En este sentido, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos que evite situaciones como las que se están viviendo en numerosos países donde las empresas constructoras actúan con total impunidad”. (Tomado de tercerainformacion.es).

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