Fiscal se niega a recibir denuncia de hombre golpeado por militares

Negando el derecho de petición que tiene todo ciudadano, un fiscal del Ministerio Publico no recibió una denuncia contra policías militares que dejaron inconsciente a un joven que participó en las protestas contra el fraude electoral.

El Fiscal Jacobo Santos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, se negó a tomar la denuncia y exigió pruebas de que los responsables eran policías militares.

El joven fue atacado porque llevaba una camiseta que decía “Fuera Joh”, el 27 de enero pasado, cuando Juan Orlando Hernández tomaba posesión de un segundo mandato.

De acuerdo a la denuncia presentada por el afectado ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos que (ASOPODEHU), ese día iba para su casa cuando se encontró con varios policías militares que al verlo lo agarraron a golpes en varias partes de su cuerpo , “perdí el conocimiento y me desperté en mi casa, solo recuerdo que la gente gritaba dejénlo, dejénlo”.

Su rostro tiene secuelas de los golpes y sufre de dolores en su columna por las lesiones. Según describió ya está enfocado por los militares y policías debido a que coordina una de las zonas de la resistencia contra el fraude electoral. “Es que tienen identificados a los coordinadores de la Alianza, por eso es que me hicieron esto”, dijo la victima que por seguridad no se proporciona el nombre.

Un abogado de la ASOPODEHU fue el pasado miércoles a la Fiscalía de Derechos Humanos y el Fiscal Jacobo Santos salió, no se puede decir a atender a la víctima sino a poner miles de obstáculos para que la denuncia no fuera interpuesta.

No se sabe si es una actitud personal que violenta los deberes de los funcionarios o se trata de una orden institucional para proteger a la Policía Militar para que no se castigue su conducta violatoria a los derechos humanos.

El artículo 349 del Código Penal señala que “Será castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por doblé tiempo de la condena:
El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las Leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere y El funcionario que, fuera de los casos previstos en el número anterior, omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio, con infracción del deber de su cargo.

El denunciante teme por su vida pues cree que si esta vez se salvó de las garras de la muerte quizá en la próxima no tenga tanta suerte. "Estamos en indefensión, nadie castiga estos abusos, es tan difícil encontrar justicia", expresó.

(Tomado de pasosdeanimalgrande.com)

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