Existe suficiente evidencia que acredita que Teodoro Bonilla ejercio influencia: Jiménez Mayor
El juicio oral y publico contra el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Teodoro Bonila acusado por el delito de tráfico de influencias agravada, inicio este lunes en Tegucigalpa.
Bonilla esta acusado de traficar con su influencia en la denominada operación Shalom realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y donde se dio captura a Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla, pertenecientes a una red de lavado y donde se incautaron 74 vehiculos, dinero, armas, entre otros bienes inmuebles.
Bonilla que es pariente de los imputados está acusado por haber ejercido indebida influencia
por el alto cargo que ocupaba en la judicatura, con las juezas Delmy López Paz, a quien estaba asignada la causa (actualmente en libertad) y Liz María Nuñez Cardona, quien resolvió negativamente respecto al auto de apertura a juicio y quien se encuentra bajo detención preliminar.
El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, afirmó que "se ha probado en la investigación del Ministerio Público que las mencionadas juezas recibieron comunicaciones, directas e indirectas, de parte de Bonilla, desde su posición como integrante del CJ a fin de emitir resoluciones que tenían como propósito obtener la libertad de Carlos Roberto Bonilla y Denis Bonilla Garcia".
En conferencia de prensa, el representante de la MACClH señaló que existe suficiente evidencia documental y de escuchas telefónicas legales que acredita que Teodoro Bonilla, ejerció influencias ilícitas hacia las juezas para favorecer a los procesados.
La posición superior de Bonilla como miembro del CJ genera la plena aplicación del articulo 369 A del Código Penal, que establece que el funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o jerarquía para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero, incurrirá en el delito de Trafico de influencias.
Con este caso, la MACCIH quiere llamar la atención de lo importante que es la justicia en un Estado
Democrático y Constitucional de Derecho, en donde los jueces y magistrados deben actuar con la garantía
de independencia judicial. En el caso de Bonilla el hecho es mucho más grave y debe merecer una sanción
alta, pues el fue juez e incluso fue presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.
"Con ello queremos reivindicar a los operadores de justicia de Honduras para que nunca más ocurran este tipo de
anomalías. La MACCIH estará vigilante en este proceso”, apuntó Jiménez.
El delito de Tráfico influencias en su modalidad agravada tiene una pena que puede extenderse hasta 9 años de reclusión, según el Código Penal.
