Global Witness: Vicepresidenta del Congreso ligada a emblemático caso de corrupción
La organización no gubernamental Global Witness, a través de su representante Billy Kyte, expone en el nuevo informe de esa ONG, a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López, como un caso emblemático de corrupción, por violenta represión a familias que defienden el derecho a la tierra.
La también presidenta del Partido Nacional, administra junto a su esposo la empresa hidroeléctrica “Inversiones Aurora”, por la que es señalada de graves violaciones a los derechos humanos.
En el último informe de la organización Global Witness, se revela la implicación de la presidenta del Comité Central Partido Nacional (CCPN), Gladis Aurora López, en la represión hacia las familias que hacen frente al explotación y la destrucción de su tierra.
El documento señala que según informes filtrados, el proyecto hidroeléctrico “Los Encinos” es liderado por Arnold Castro, cónyuge de Aurora López, quien pretende vender energía al Estado a pesar del evidente e ilegal conflicto de intereses.
De acuerdo a Global Witness, se pone en evidencia a la presidenta del CCPN, como uno de los altos cargos políticos y magnates de los negocios implicados en una violenta represión a familias que hacen frente para evitar la destrucción de su terreno.
En ese sentido, la organización reveló que existen altos cargos y elites empresariales de Honduras vinculados en la violenta represión de personas que defienden sus derechos humanos.
En el marco de poner fin a la sangrienta represión, el representante de Global Witness, Billy Kyte, instó a la actual administración de los Estados Unidos a realizar una revisión urgente del apoyo que le brinda a la industria, Ejército y a la política de Honduras.
“Al ser el principal donante de ayuda a Honduras, Estados Unidos debería contribuir a poner fin a la sangrienta represión de la población rural hondureña”, manifestó Kyte.
La organización aseguró que “es esencial replantearse la ayuda de Estados Unidos”, ya que en 2016, se contribuyó con 100 millones de dólares, que podría impulsar la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, durante 2016, decenas de millones de dólares procedentes de la ayuda de EE.UU, se destinaron a los cuerpos implicados en la violencia contra los activistas ambientalistas y de la tierra.
En este último informe, también se expone a Honduras como “el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra o el medio ambiente”.
De acuerdo a los estudios realizados, desde 2010, más de 120 personas han muerto asesinadas por protestar contra el expolio o la destrucción de su tierra, sus bloqueos o sus ríos.
Cabe destacar que López ha sido denunciada ante organismos internacionales en múltiples ocasiones por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), por utilizar miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para “meter miedo”.
En junio de 2016, varios congresistas estadounidenses presentaron la Ley Berta Cáceres que pretende suspender la ayuda económica en materia de seguridad a Honduras, si no se hacía un esfuerzo real para detener las violaciones a derechos humanos.
