Gobierno hondureño incumple recomendaciones de la MESICIC
De acuerdo a los informes que ha enviado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA, el gobierno hondureño ha incumplido las obligaciones que genera la Convención Interamericana contra la Corrupción, una de las cuales se refiere a la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que al final los partidos Nacional, Liberal y Libre se repartieron los tres cargos.
En el reporte la MACCIH rescata el rol fundamental del TSC en la estructura de control y fiscalización del Estado hondureño, examina la necesidad de establecer un mecanismo transparente y participativo para la selección de sus titulares, contrario a lo que ocurrio donde la sociedad civil se retiro del proceso debido a la falta de transparencia en la escogencia de los candidatos.
Destaca que es importante la comprensión y voluntad política de reforzar la autonomía e independencia del TSC y sus integrantes, a través de un proceso de elección de sus máximos funcionarios que debió ser presidido por criterios de profesionalismo e integridad ética y no de vocación político-partidaria.
«El carácter técnico del TSC y su función de control, plantean la necesaria reflexión en este proceso de selección de sus magistrados», manifiesta la MACCIH que considera que ese organo debe ser dotado de las mayores garantías de autonomía e independencia en el objetivo de prevenir y combatir la corrupción e impunidad.
En este sentido, agrega que «el TSC no sólo es el principal órgano de contraparte en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), sino también es el ente público llamado a participar de modo central en la formulación de una política integral del Estado en materia de combate a la corrupción e impunidad».
El reporte de la MACCIH proponía que la conducción del TSC debía dejarse en personas profesionalmente competentes, con trayectoria en el combate a la corrupción y que garanticen la autonomía e independencia de la institución.
El informe de la MESICIC, ha recomendado a los órganos de control, incluyendo al TSC, que en la selección de su personal debe observarse los principios de mérito, publicidad, equidad y eficiencia, para asegurar la probidad, idoneidad y competencia técnica de todo funcionario público que ingresa al servicio del Estado.
También, en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, pidió asegurar que el TSC cuente con los recursos para fortalecer la fiscalización externa del sistema nacional de adquisiciones. Adicionalmente que se fortalezcan las capacidades del TSC para capacitar y concientizar a los servidores públicos, a los miembros de los comités de probidad y ética de los órganos del Estado y a los propios funcionarios del Tribunal, en la adecuada comprensión de sus responsabilidades, el manejo de recursos estatales, los conflictos de intereses y, en general, sobre la ética pública y las consecuencias de su incumplimiento.
Eso debería incluir la necesidad de dotación de más recursos, incrementar y fortalecer sus equipos, reestructurar su organización, reorientar sus tiempos y recursos hacia investigaciones estratégicas debidamente planificadas, mejor coordinación interinstitucional para la eficacia en
resultados en la recuperación de recursos públicos y sanción efectiva a los responsables, entre otras acciones.
Lo que se busca en el país es tener instituciones fuertes que enfrenten la corrupción, incluyendo y fortaleciendo al TSC y la información recibida por la MACCIH–OEA en diversas entrevistas con funcionarios y actores de la sociedad civil, revela que existe un copamiento político del TSC que podría afectar su funcionalidad en las tareas de control.
La politización del TSC no es un asunto exclusivo de esta institución, ocurre en muchas otras entidades del Estado hondureño y es cuestionada por diversos sectores, incluidos los propios grupos políticos. No obstante, la solución a este problema estructural no es compartida por todos pues algunos consideran que, para superar esta situación, es necesario incorporar a más partidos políticos al interior de estos órganos superiores de control, como es el caso del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, la salida planteada para superar esta situación no apunta a la búsqueda de una conformación técnica independiente y autónoma, sino a una mayor politización con más representantes de otras fuerzas políticas, lo que desvirtúa las recomendaciones y estándares internacionales.
La MACCIH recuerda lo que planteó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en su informe Para que los hechos no se repitan. La CVR se refiere a lo que en Honduras se conoce como las “misas negras”, involucrando con ello líneas paralelas de poder y repartos políticos en las entidades del Estado que no abonan a la institucionalidad.
La MACCIH-OEA considera que este marco puede construir una estructura de clientelismo y relaciones de poder que quizás termine generando lealtades que se reflejen en actos jurídicos o administrativos que patentizan la influencia política al interior de las instituciones; con ello se anula el control.
Aconseja, entonces, construir mecanismos para evitar que esto ocurra, por lo cual formulan una serie de recomendaciones, entre las que se menciona iniciar un proceso de fortalecimiento del TSC, comprendiendo que se trata de una entidad a cargo de prevenir y combatir la corrupción e impunidad. Este fortalecimiento implica dotar al TSC de los recursos humanos y presupuestarios necesarios, para mejorar la auditoría gubernamental considerando los estándares internacionales para cuidar los recursos públicos de la nación.
