Aprobada ley que considera la protesta como amenaza al interés económico general
El Congreso Nacional aprobó anoche la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, una iniciativa que criminaliza la protesta y crea un régimen extraordinario de protección para la agroindustria, sus tierras, inversiones, infraestructura, transporte y cadenas logísticas.
Pese al rechazo de las organizaciones sociales, el Congreso aprobó la norma, aunque si incorporó una excepción para territorios indígenas y tribales reconocidos, condicionada a la consulta libre, previa e informada, pero mantiene un marco de protección preferente para sectores económicos frente a conflictos agrarios, sociales y territoriales.
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en un comunicado reveló hoy que la gravedad de la ley se expresa al declarar la actividad agroindustrial como de orden público, interés y prioridad nacional, y establece que sus disposiciones tendrán aplicación inmediata y preferente sobre normas administrativas. Esto coloca a ese sector en una posición privilegiada frente a otros intereses públicos, sociales, ambientales y territoriales.
El decreto va más allá y extiende la prioridad y protección hacia otros sectores como industria, turismo, ganadería e infraestructura, lo que puede convertir la ley en un precedente para blindar actividades económicas estratégicas frente a reclamos sociales, territoriales, ambientales o comunitarios.
La nueva ley también declara inafectables las tierras destinadas a la producción agroindustrial, incluso frente a causas de utilidad pública, reforma agraria u otra causa legal.
Igualmente otorga prioridad absoluta a los trámites del sector agroindustrial, incluyendo licencias ambientales, permisos de operación, registros y autorizaciones de transporte y dispone que, si la autoridad no responde en plazos reducidos, el trámite se entenderá aprobado, lo que según el Centro debilita la fiscalización pública y puede permitir permisos sin evaluación técnica suficiente.
Protesta social como «amenaza al interés económico general» y desalojos de intervención inmediata
El texto aprobado señala que la afectación de actividades agroindustriales o del transporte de productos perecederos no será considerada ejercicio legítimo de derechos, sino amenaza al interés económico general.
A criterio del Cespad, esta definición puede deslegitimar huelgas, manifestaciones, tomas de carreteras y acciones colectivas de presión social.
El nuevo estamento ordena al Ministerio Público, Policía Nacional y demás autoridades actuar de forma inmediata frente a ocupaciones, tomas o bloqueos que afecten directa o indirectamente actividades agroindustriales.
Ademas, manda a proceder con los desalojos necesarios cuando no exista resolución judicial definitiva que autorice la posesión campesina, disposición que según el Cedpad, puede acelerar desalojos en territorios de alta conflictividad, sin garantizar mediación, investigación previa, protección comunitaria ni enfoque de derechos humanos.
El articulado establece responsabilidad civil, administrativa y penal para funcionarios que omitan, retrasen o se nieguen a intervenir, lo que presiona a las autoridades a actuar con rapidez frente a conflictos agrarios, privilegiando la protección de la inversión sobre la prevención de violencia, la mediación y el respeto a los derechos de las comunidades.
La organización afirma que la aprobación de esta ley, genera condiciones para un nuevo ciclo de violencia en los territorios, al convertir los conflictos ambientales y socioterritoriales en asuntos de intervención inmediata, desalojo y persecución.
Igualmente se consolida un modelo de desarrollo basado en el blindaje de sectores económicos históricamente privilegiados frente a los reclamos sociales, campesinos y populares, restringiendo las posibilidades de diálogo, mediación y construcción de soluciones democráticas.
