Alarma a la SIP hostigamiento y amenazas que enfrentan periodistas previo a elecciones
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a unas 30 organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, expresa su profunda alarma ante el clima de hostigamiento, estigmatización y amenazas que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Honduras en las semanas previas a las elecciones generales.
Los ataques recientes provenientes de altos mandos militares, sumados a una tendencia de acoso judicial, vigilancia digital y presiones administrativas, configuran un entorno hostil e incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa, manifiesta la SIP.
En este contexto, las autoridades gubernamentales tienen la obligación de garantizar la seguridad, independencia y libre ejercicio del periodismo, piedra angular de cualquier proceso democrático.
En las últimas semanas, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras ha emitido declaraciones públicas de extrema gravedad, en las que acusa a medios de comunicación y periodistas de encabezar supuestas “campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística” contra la institución militar.
Estas afirmaciones, acompañadas de insinuaciones sobre un presunto “entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras del crimen organizado” en el contexto electoral, constituyen actos de estigmatización que buscan desacreditar el ejercicio profesional de la prensa.
Las expresiones se suman a una serie de hechos ocurridos a lo largo del año. En febrero, altos mandos anunciaron la intención de emprender acciones judiciales contra al menos 12 medios hondureños con el fin de forzarlos a revelar sus fuentes informativas. En mayo, el medio oficial de las Fuerzas Armadas calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, un mensaje que refuerza un patrón sistemático de intimidación institucional, contrario a las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión.
En este mismo sentido, el medio digital Criterio.hn ha denunciado una escalada de ataques que incluye la intervención de sus cuentas en redes sociales, la descalificación pública de su labor investigativa y un hostigamiento judicial impulsado por el Ministerio Público, que ha solicitado la revelación de fuentes utilizadas en reportajes sobre presuntos vínculos de figuras públicas con redes de narcotráfico y corrupción.
Estos hechos no son episodios aislados, sino señales preocupantes de un entorno cada vez más hostil, estigmatizante y riesgoso para el ejercicio del periodismo independiente en Honduras, justo en un momento crucial para la vida democrática del país. Se producen en un clima de creciente tensión electoral, en el que los periodistas que cubren corrupción, crimen organizado o procesos políticos enfrentan un riesgo elevado, tanto de agresiones físicas como de represalias institucionales.
La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19, Free Press Unlimited, IFEX-LAC, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y PEN Internacional, entre otras, documentó recientemente “un patrón de vigilancia, intimidación y hostigamiento desde sectores estatales y militares”, así como la “falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el marco de las elecciones”.
La SIP y las organizaciones rechazan categóricamente las declaraciones del general Roosevelt Hernández y cualquier intento de criminalizar, intimidar o desacreditar a la prensa independiente.
Las Fuerzas Armadas deben actuar dentro del marco constitucional que establece su subordinación al poder civil, y abstenerse de emitir declaraciones políticas o descalificatorias contra periodistas o medios.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había instruido al general Hernández a no pronunciarse sobre asuntos políticos o electorales, recordando que su institución actúa bajo la coordinación del órgano electoral precisamente para evitar injerencias o interpretaciones políticas indebidas.
La SIP recuerda que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental, y que el uso del discurso oficial para deslegitimar o señalar a periodistas constituye una violación directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante esa situación la SIP recomienda al Estado de Honduras y a las autoridades competentes, garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información y asegurar que todos los medios, sin distinción, puedan cubrir las elecciones, los actos de campaña y los temas de interés público sin restricciones, censura ni represalias.
Asimismo cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes.
Exhortar a las Fuerzas Armadas abstenerse de todo acto de estigmatización y emitir declaraciones o publicaciones que desacrediten o pongan en riesgo a periodistas.
La SIP demanda investigar y sancionar los ataques y amenazas, iniciando investigaciones independientes y transparentes sobre los ataques verbales y digitales contra periodistas, las campañas de difamación y el acoso judicial.
Igualmente sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios o agentes que incurran en amenazas, espionaje o hostigamiento hacia medios o comunicadores.
La SIP también demanda fortalecer los mecanismos de protección, dotando al Sistema Nacional de Protección de Defensores(as) de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de recursos adecuados, autonomía y capacidad de respuesta inmediata.
Recomienda adoptar protocolos de alerta temprana y respuesta urgente en casos de amenazas durante el proceso electoral.
Finalmente recuerda que la descalificación, intimidación o vigilancia de los periodistas no sólo amenaza a los medios, sino al derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Alianza de Medios MX, ARTÍCULO 19 México y Centroamérica, Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Chile, Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), C-Libre Comité por la Libre Expresión, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
