Por los delitos de allanamiento de morada y abuso de autoridad en perjuicio de Jhony Salgado, fueron presentados ante los tribunales el subinspector de policía Rudy Ariel Brizuela Mejía, y los policías de escala básica Sandro Ezequiel Zavala, Santiago Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto Rodríguez Casco.

Según la acusación de la fiscalia, los imputados ingresaron por la fuerza a la casa de Jhony Salgado, ubicada en la ciudad de El Progreso, Yoro, durante las protestas post electorales, destruyendo enseres domésticos e intimidando a su esposa e hijos, y colocaron bombas lacrimógenas frente a la puerta de la vivienda.

Pese a no contar con orden de captura se llevaron detenido a Salgado en diciembre de 2017, y fue acusado por los delitos de uso de indumentaria policial y portación ilegal de arma de fuego.

Salgado fue detenido cuando salio despues que los policias golpeaban la puerta de su casa y ante el efecto asfixiante del gas lacrimógeno, la mañana del 21 de diciembre de 201. Salgado ni siquiera asistió a la protesta que se ubicaba a poca distancia de su casa, ante el rechazó a los resultados de las elecciones presidenciales.

Jhony Andrés Salgado de 38 años de edad, es uno de los 22 presos políticos en el marco de la crisis post electoral, está siendo acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial.

“Andaban muchas bombas lacrimógenas y comenzaron a lanzarlas porque pensaban que yo escondía manifestantes”, comenta Salgado quien fue obligado a subirse a la patrulla policial sin conocer de qué se le acusaba.

Salgado es un obrero de la construcción reconocido en su colonia y miembro de la iglesia católica San Ignacio de Loyola. Al ser detenido no portaba arma ni indumentaria policial, según testigos. Fue hasta después de su captura que la Policía Nacional llevó las evidencias a la Unidad Metropolitana 11, y lo presentó ante los medios de comunicación como un criminal.

Su esposa María Elena, cuenta que él es un ser maravilloso y que nunca ha tenido violencia en su hogar, por eso la gente del barrio y la iglesia les admira y respeta. -Es tan buen padre que por proteger a sus hijos decidió abrir la puerta de la casa, sin imaginar que se lo llevarían preso-. Ella sostiene que la policía se aprovechó de la humildad e ignorancia de su esposo para culparlo.

En la estación policial Jhony fue amenazado con ser golpeado sino posaba con un escudo policial y un arma de fuego para los medios de comunicación. Se le obligó a firmar un documento donde reconocía que esa evidencia se la habían decomisado al momento de su captura.

Él no sabe leer ni escribir, únicamente puede escribir su nombre y apellido. – Me dijeron apúrate, escribí eso sino quieres que te demos duro-, dice que manchó el papel con su nombre sin entender que decía el documento. Después de eso el tribunal de sentencia le dictó auto de formal procesamiento, y fue trasladado al centro penal progreseño.

Trauma

Sin embargo, pruebas irrefutables muestran que Jhony fue sacado de su casa a la fuerza, y que en ningún momento portaba el arma de fuego y el escudo policial que la Fiscalía usó de prueba para encarcelarlo por más de cuatro meses.

El actuar represivo de la policía provocó que Jhony pasara más de cuatro meses privado de libertad en el centro penal de El Progreso, Yoro, y que además, enfrente un proceso judicial que lo priva de salir del país y de trabajar como antes lo hacía para mantener a su familia.

Jhony ha tenido que enfrentar los traumas psicológicos provocado por el encierro en prisión, y por los malos tratos que recibió de otros privados de libertad, que los primeros días lo obligaron a dormir en el puro suelo, debajo de la cama de alguien más.