179 organizaciones suscriben carta pública en apoyo a defensores de DDHH en Honduras

A poco más de 19 meses del todavía impune asesinato de Berta Cáceres, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), integrada por más de 800 defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras y las 179 organizaciones de ámbito internacional, regional y local expresaron su preocupación ante el cada vez más grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos.

Destacan que el pasado viernes 8 de septiembre la situación llegó a su límite cuando «las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, tras reprimir con lujo de violencia y detener arbitrariamente a dieciséis integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que mantenían una manifestación pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, interceptaron, zarandearon con una grúa y tiraron gases lacrimógenos al interior del bus facilitado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)».

Recuerdan que en el microbus se encontraban Hedme Castro, directora de la Asociación por una Ciudadania Participativa (Aci-Participa) y Tommy Morales, comunicadora y parte de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, (ASOPODEHU) y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras, quienes tuvieron que ser hospitalizadas por los efectos en su salud de los gases lacrimógenos y Tommy Morales quedó sujeta a un proceso de judicialización.

Las organizaciones afirman que el ataque directo contra quienes llevan a cabo la labor de acompañar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, «es una expresión del cierre del espacio cívico, la regresión autoritaria y el incumplimiento flagrante de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras. Agresiones como esta tienen el objetivo de inhibir la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos y allanar el camino para nuevos y más graves actos de represión».

Añaden que esos ataques no son hechos aislados, sino «una expresión más de una progresiva escalada de violencia y represión contra defensoras de derechos humanos en Honduras que deja a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad».

Aseguran que en sólo 3 meses, desde junio de 2017, la IM-Defensoras ha emitido catorce Alertas Urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus organizaciones y comunidades, como el MEU, Ofraneh, el MADJ y Copinh, entre otros.

La mayoría de estas agresiones, afirman, han sido perpetradas por fuerzas de seguridad, y casi todas incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y judicialización, y en los casos en los que los agresores no fueron agentes estatales, las autoridades correspondientes no hicieron nada para asegurar la seguridad y acceso a la justicia de las defensoras afectadas, ni aplicaron la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

A las organizaciones les preocupantes las agresiones que han sido dirigidas contra defensoras que anteriormente han sido objeto reiterado de ataques, como en los casos de Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, o Madeline Martina David, integrante de la misma organización.

Recuerdan que el asesinato de Berta Cáceres vino precedido de una serie de agresiones con un perfil y un patrón no muy diferentes al de Miriam Miranda, quien pese a su reconocimiento internacional sigue siendo objeto de persecución y judicialización como una forma de coartar su ejercicio como defensora.

Califican el panorama de muy preocupante, ya que pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional para que se respeten los derechos humanos en Honduras, persiste y se afianza la política activada a partir del Golpe de Estado de 2009 de persecución y represión sistemática contra los movimientos sociales y contra quienes defienden derechos humanos, poniendo muchas veces a las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de terratenientes o empresas privadas, con el fin de proteger sus intereses económicos en detrimento de los derechos colectivos e individuales de los hondureños.

«Para las mujeres defensoras de derechos humanos el panorama es aún más preocupante, pues la discriminación y la violencia de género generan riesgos adicionales para las mujeres activistas, quienes juegan un papel cada vez más preponderante y visible al frente de los diversos movimientos sociales o en la primera línea de las luchas por el territorio», asegura la misiva, para luego revelar que entre 2012 y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1,128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en el país.

Ante ello, la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras llama a las organizaciones e instancias internacionales de derechos humanos para que mantengan su atención en la situación de Honduras y se unan a la exigencia de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a defender derechos y la seguridad e integridad de quienes lo ejercen.

Consideran indispensable que el Estado hondureño ponga fin a la impunidad en la que siguen los asesinatos de mujeres defensoras y asegure el acceso a la justicia de las que han sido víctimas de agresiones; que se abstenga de difamar y criminalizar a las mujeres defensoras y asegure las condiciones necesaria para fortalecer la participación política de las mujeres y su contribución a la justicia y la igualdad.