Derechos HumanosLibertad de expresión

DESA demanda a defensora de DDHH

La cuestionada empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) demandó en el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, por un millón de lempiras a Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).

La hidroeléctrica argumenta que la defensora de derechos de las mujeres dio ”informaciones inexactas y perjudiciales” en contra de esa empresa y sus miembros, al responsabilizarlos del crimen de la ambientalistas Bertha Cáceres, quien se oponía a la instalación de esa compañía.

El auto del Juzgado de lo Civil tiene fecha dieciséis de diciembre de 2016, pero la citatoria para este 21 de marzo, le fue entregada a Martínez hasta el martes 28 de febrero de 2017.

Suyapa Martínez además de coordinar el CEM-H, es miembra de diferentes redes nacionales e internacionales de defensa de los derechos de las mujeres. Es una lideresa muy visible que habla directamente cuando se producen violaciones a los derechos de las mujeres.

La demanda se da luego de aprobadas las reformas penales que criminalizan el libre pensamiento y el ejercicio periodístico con la aplicación del artículo 335B que pretende poner un bozal a la libertad de expresión.

Además la utilización de las querellas penales o demandas civiles contra periodistas y defensores de los derechos humanos se han puesto en marcha en los últimos años como una forma de amedrentamiento para quienes levantan la voz contra las ilegalidades en Honduras.


Se dio antes con la fallecida dirigente Gladys Lanza quien fue querellada y condenada a un año y seis meses de prisión por haber acompañado a Lesbia Pacheco quien denunció acosa sexual y laboral contra el director de FUNDEVI, Juan Carlos Reyes. Lanza murió el año pasado esperando justicia, nunca fue respondida una casación a su favor donde se solicitaba por irregularidades en todo el proceso.

Una de las constantes en estos casos es que primero hay mucho hostigamiento, vigilancia y amenazas y posteriormente vienen las querellas contra las personas que hablan de temas que afectan a grupos poderosos, en este caso de Martínez no es la excepción.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “recurrir a las herramientas penales para sancionar discursos especialmente protegidos no solo es una limitación directa de la libertad de expresión, sino que también puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por sus efectos amedrentadores, acalladores e inhibidores del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones de toda índole.

El 05 de marzo de 2016 la familia de Bertha Cáceres dijo que “Responsabilizamos a la empresa y al proyecto Agua Zarca (…), porque ella (Berta Cáceres) siempre denunció amenazas sistemáticas por parte de esta empresa”.

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