Denuncian violación al Convenio 169 con el desalojo violento de lencas en La Paz
La Cloc- Vía Campesina y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) expresaron su preocupación en torno a la condición en que se encuentran 9 familias lencas de la Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, en Huertas, San Pedro de Tutule, La Paz; quienes fueron despojados de sus tierras mediante un violento desalojo ejecutado por policías y militares, que dejó como saldo 2 campesinos heridos de bala.
El estado de Honduras está en la obligación de garantizar los derechos de estas familias en su condición de pueblo originario lenca y no únicamente como familias campesinas que actúan en un virtual proceso de recuperación de tierras, manifestaron los dirigentes de ambas organizaciones en conferencia de prensa.
Afirman que los pueblos originarios no son sujetos de Reforma Agraria, sino que están amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estado de Honduras deviene en la obligación de velar por la integridad física y emocional de las comunidades lencas, por la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y medios de producción, la salud y vivienda.
En ese sentido, la Cloc- Vía Campesina y el COFADEH, demandan respuestas del gobierno a estas demandas planteadas, comenzando porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resuelva el Recurso de Amparo con suspensión del Acto Reclamado, presentado el pasado 5 de enero y los dos manifiestos en relación al Recurso de Amparo presentados el 12 de enero en la CSJ y el Juzgado de Letras de lo Penal de La Paz.
Las organizaciones piden que dicha resolución se encamine a brindar respuestas concretas frente a las demandas de tierras planteadas por la Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, en San Pedro de Tutule, miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Igualmente que se investigue la supuesta posesión de las 34 manzanas de tierras reclamadas por el terrateniente Carlos Benjamín Arreaga Vásquez.
El grupo tiene varios años de vivir en el lugar y durante los últimos 6 años, las familias campesinas afectadas habían edificado casas, sembrado cultivos de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares y la crianza de animales para su subsistencia.
Después del desalojo violento del 13 de enero, ejecutado por efectivos policiales y militares, aparte de los daños a la integridad física que sufrieron los campesinos, todo lo sembrado y edificado fue destruido.
Las organizaciones denunciaron la indiferencia expresa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), que no respondió al llamado del COFADEH para intervenir en este asunto.
En lugar de ello fue la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Honduras, quienes manifestaron su condena enérgica frente al brutal desalojo, en el que las fuerzas de seguridad del Estado, violentaron los procedimientos contenidos en estándares internacionales, relacionados a los desalojos.
