Auto de prisión para alcalde de Yoro y sus funcionarios

El Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en audiencia inicial resolvió decretar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prision preventiva contra el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, a quien se le supone responsable de 67 delitos de abuso de autoridad, 124 de malversación de caudales públicos.
Asimismo el tribunal determinó este miércoles, auto de prisión contra la tesorera municipal, Mirna Elizabeth Castro Lanza, a quien se le supone responsable de 124 delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
En el caso de la ex gerente Ligia Lorena Hernández, por está acusada por suponerla responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias.
Al imputado jefe de Maquinaria Angel Dagoberto García, el juez resolvió que deberá continuar en prisión por suponerlo responsable de 70 delitos de malversación de caudales públicos.
Y contra la ex jefa de Presupuesto, Petrona Castro Velásquez, formal procesamiento por suponerla responsable de 50 delitos de malversación de caudales públicos.
En el caso de la jefa de Contabilidad y Presupuesto, Karen Sarai Rodríguez Pérez, a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios se le aplicó auto de prisión con la medida cautelar del arresto domiciliario porque está en estado de gravidez.
A todos los imputados, que estaban activos como funcionarios municipales, el juez ordena que se les suspende de sus cargos.
El ex alcalde Arnaldo Urbina, que también tiene proceso por el delito de lavado de activos, es remitido a la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula y los restantes cuatro a la Penitenciaria Nacional "Marco Aurelio Soto".
Todos los encausados están vinculadas a la administración de la municipalidad de Yoro, que desde enero del 2010 a la fecha y en diferentes fechas contrataron una serie de proyectos que no se ejecutaron pero que cada uno de ellos fue pagado, provocando pérdidas millonarias a las arcas municipales y del Estado.