Ni los políticos, y peor los militares, tienen un compromiso real con la democracia de Honduras

El Estado hondureño fue formado por una combinación de élites económicas y políticas que adoptaron procedimientos institucionales por requerimiento de fuerzas externas y una violenta y corrupta competencia política por el acceso a los recursos del Estado. La democratización no fue la excepción y sus resultados fueron sumamente limitados porque el compromiso de los actores políticos locales terminó en donde empezaba su interés por el saqueo de los recursos públicos.

Las fuerzas armadas han sido otro actor más con poder y privilegios que provienen de su control del ejercicio de la fuerza y la violencia y de una serie de alianzas con los principales partidos políticos, especialmente el Nacional, y con Estados Unidos.

La opción de promover la democracia, aunque sea tutelando la acción política de los civiles --como ocurrió en Guatemala después de 1963 o haciéndose a un lado para que otras fuerzas políticas la instauren como en El Salvador-- no ha ocurrido en Honduras.
Ni las fuerzas armadas ni la clase política han tenido un compromiso formal o real con la democracia.

La precariedad de las instituciones no tiene excepción en el Estado hondureño.
Es más, durante los últimos tres gobiernos la apuesta no ha sido el fortalecimiento de las instituciones existentes, sino la instauración de una expansiva administración militar de la función pública.

De la creciente presencia burocrática de militares en instituciones civiles no se puede esperar un fortalecimiento de la democracia, sobre todo cuando la reforma militar fue un proceso limitado y de corta duración en el país.
Para superar la degradación democrática que vive el país, se requiere de alianzas entre fuerzas políticas y sociedad civil que superen la polarización que divide al país.

La pugna histórica entre nacionalistas y liberales ya no responde tanto a asuntos ideológicos
—si es que alguna vez fue así— sino a una búsqueda por controlar los bienes públicos para el beneficio personal o familiar.

Y las nuevas fuerzas políticas arrastran el desgaste que ha producido adaptarse a un sistema político que tiene sus propias reglas poco democráticas y transparentes.
En ausencia de fuerzas democratizadoras, el destino del país sigue estando fuertemente influenciado por los golpes de timón ejecutados por actores externos, especialmente Estados Unidos.
Esa presencia permanente ha sido heterogénea en Honduras y recientemente hasta contradictoria.

Por un lado, el juicio que se llevó a cabo en Nueva York contra «Tony» Hernández, y otros más, han dejado clara la tolerancia y hasta complicidad del presidente Juan Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos a nivel internacional.
Pero, por otro lado, el gobierno goza del apoyo estadounidense aún a sabiendas de que el financiamiento de las campañas electorales del partido Nacional provino, en buena parte, de actividades criminales transnacionales.

Honduras ha sido un territorio abierto al mejor postor.
Así lo fue durante décadas durante los enclaves económicos de las compañías bananeras norteamericanas y lo sigue siendo a través de la concesión de grandes extensiones del territorio para la industria extractiva, la generación de energía e incluso la instalación de megaproyectos en las recientes Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que son una edición actualizada del antiguo modelo de enclave económico.

En ese contexto, las fuerzas armadas siguen siendo el socio fiable para muchos actores locales y extranjeros.
¿Se traduce eso en ser también el socio fiable de una población vulnerable que no necesita más represión sino desarrollo económico y social? ¿Serán también el socio fiable de una democracia que no termina de dar sus primeros pasos?

Esto requiere necesariamente que las fuerzas armadas reduzcan su protagonismo político y su expansión burocrática.
Que eso provenga desde el interior de las fuerzas armadas, o que sea el resultado de un impulso ciudadano, estará por verse.

Quizás tendrá que ser también el resultado de la presión internacional.
Ojalá y no como respuesta a un capítulo más de catástrofes, naturales o humanas.

El presente artículo es parte de un proyecto de investigación regional desarrollado en 202O por la Alianza para la Paz, con apoyo de la Fundación Heinrich Böll