Diputados estadounidenses piden proteger la vida de ambientalistas del Bajo Aguán
WASHINGTON – Los diputados estadounidenses Jan Schakowsky, Jesús “Chuy” García, Ilhan Omar, y Raúl M. Grijalva encabezaron a 16 de sus colegas en un carta instando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a garantizar que la Embajada de los Estados Unidos en Honduras involucre continuamente al gobierno hondureño para combatir la corrupción mientras protege a los ambientalistas en la región del Bajo Aguán de futuros ataques y violencia. Esto incluye la cancelación definitiva de las licencias mineras Los Pinares en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Botaderos.
El 15 de junio, Oqueli Domínguez Ramos, opositor de la instalación ilegal de la mina de mineral de hierro a cielo abierto Los Pinares, fue asesinado en su casa. La madre de Oqueli, Catalina Ramos, quedó lesionada con una herida de bala en la pierna. Apenas cinco meses antes, el otro hijo de Catalina, Alí, también fue asesinado por hombres en motocicletas cuando regresaba a casa del trabajo con su amigo Jairo Bonilla. El tercer hijo de Catalina, Reynaldo, se vio obligado a abandonar su hogar luego de recibir amenazas específicas debido a su oposición a la mina.
La minera Los Pinares fue inicialmente una empresa conjunta entre el gigante siderúrgico estadounidense Nucor y el conglomerado hondureño EMCO Group, propiedad de Ana Facussé y su esposo Lenir Pérez. EMCO y otras corporaciones respaldadas por el padre de Ana Facusse, Miguel Facusse, han sido acusadas durante mucho tiempo de violencia, influencia ilícita en el sistema judicial hondureño e incluso conexiones con el narcotráfico.
Los intereses de Facusse en la región del Bajo Aguan, donde se ubica la mina Los Pinares, comenzaron con lo que es ampliamente denunciado como usurpaciones masivas, violentas e ilegales de tierras de reforma agraria e indígenas garífunas por parte de la corporación Dinant de Facusse.
Solo este año, siete defensores del derecho a la tierra en disputas con Dinant han sido asesinados.
“Nos preocupa el nivel de apoyo que las corporaciones asociadas con la familia Facusse han disfrutado de la comunidad internacional, incluido el acceso a financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo e inversiones de una importante corporación estadounidense, a pesar de la evidencia de participación en corrupción, violencia y otros derechos humanos. violaciones de derechos”, concluyen los legisladores.
Agregan “nos preocupa que las acciones de este tipo de empresas y el hecho de no contrarrestarlas socaven los objetivos de la Administración Biden en la región”.
Si bien los legisladores “se sienten alentados por los importantes esfuerzos del gobierno hondureño actual para apoyar las investigaciones sobre estas redes violentas” a través de varias iniciativas, los legisladores instan al Departamento de Estado de los EE. UU. a comprometerse con el gobierno hondureño para garantizar la cancelación definitiva de las licencias mineras de Los Pinares.
Asimismo a la investigación de los asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, y el futuro de la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos y ambientalistas en la región del Bajo Aguán.
Además de Schakowsky, García, Omar y Grijalva, los cofirmantes de la carta incluyen a los representantes Henry C. “Hank” Johnson, Jr., Joaquín Castro, Jamie Raskin, Barbara Lee, Kevin Mullin, Cori Bush, Adriano Espaillat, Paul D. Tonko, Jimmy Panetta, James P. McGovern, Veronica Escobar, Lloyd Doggett, Jared Huffman, Rashida Tlaib, Linda T. Sánchez y Ritchie Torres.
