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12 muertos producto de violencia política en 2021 contabiliza el ONV

El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó el Boletín 2 sobre Violencia Política Electoral, el cual revela que entre el 20 de diciembre de 2020 y el 26 de mayo de 2021, 35 personas han sido víctimas de violencia política.

En total, los hechos registrados son 12 homicidios, 10 coacciones, 6 amenazas, 5 atentados, 1 coerción y 1 rapto, los cuales han sido dirigidos, en su mayoría, a miembros y votantes del Partido Nacional, con 21 de los 35 acontecimientos violentos suscitados.


El documento señala que los actores políticos, son los principales blancos de la violencia, pues según las cifras, 9 agresiones han sido contra dirigentes y 8 contra militantes.

Un dato alarmante es que los espacios públicos son los principales escenarios de la violencia política, según las conclusiones del boletín es dónde han ocurrido el 71% de los casos, incluso, en aquellos espacios que son resguardados por autoridades del orden público.

También señala que en el contexto de estas agresiones han sido víctimas familiares, como es el caso del atentado dirigido a un regidor del Partido Libertad y Refundación en el municipio de Yoro, donde también resultó herida su hija de 4 años de edad.

Asimismo, el esposo de una precandidata a la alcaldía del municipio de El Rosario, por el movimiento Yanista, se suma a las víctimas mortales relacionadas con actores políticos, así como el hijo de un exregidor, que resultó herido durante un atentado en el que murió su padre.

Finalmente, el ONV afirma que la violencia política contra candidatos a cargos de elección popular y sus militantes en Honduras ha aumentado en su letalidad pese a las medidas de restricción impuestas por el gobierno debido al COVID-19, por lo que es necesario que las autoridades responsables de la seguridad pública refuercen la protección de cara a las elecciones generales.

La observación independiente sobre violencia política del ONV se hace con el propósito de ofrecer insumos a las instituciones vinculadas para que vigilen el comportamiento del fenómeno de la violencia entre actores políticos, promuevan las acciones necesarias para disminuir los conflictos y establezcan las reformas pertinentes para garantizar la participación equitativa de las fuerzas políticas.

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