Nuevo abuso en caso de criminalización de defensores de río Guapinol
Violentando la orden de la jueza Lisseth Vallecillo, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) trasladaron a los siete defensores del río Guapinol a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en Morocelí, departamento de El Paraíso.
Los siete defensores del ambiente fueron procesados y se presentaron voluntariamente, pero el pasado 1 de septiembre, Vallecillo, jueza de jurisdicción nacional, dictó auto de formal procesamiento por los delitos de incendio agravado y privación injusta, con la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo a la orden judicial, y a petición de la familia y defensa, los ambientalistas del río Guapinol deben cumplir la medida de prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro, pero de forma abusiva las autoridades del INP decidieron enviarlos a La Tolva.
Los defensores del agua, fueron procesados por denunciar la imposición de un proyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos en Tocoa. El parque es un área protegida que a su vez funge como zona de recarga hídrica para los ríos citados.
Son 31 las personas que hasta son criminalizadas por delitos como usurpación y daños, incendio agravado, privación injusta de la libertad e incluso, asociación ilícita.
En febrero, ya se había dictado sobreseimiento para 13 de ellas, debido a la ausencia de elementos probatorios en su contra. Sin embargo, en el proceso reciente en contra de las ocho personas, el anterior 1 de septiembre se decidió avanzar en su procesamiento por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, dictando medida de prisión preventiva.
Lo anterior significa que las personas defensoras podrán estar hasta dos años en la cárcel esperando que inicien las diligencias para su juicio oral y público.
Actualmente, se interpuso una apelación a la decisión de procesarles y también un hábeas corpus, a fin que pueda darse una pronta y favorable revisión.
