Nuevo Código Penal otro zarpazo a la libertad de expresión

Como una nueva violación al derecho de libertad de expresión ha sido considerado el nuevo Código Penal que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de mayo y que entrará en vigencia este 11 de noviembre de 2019.

El nuevo Código mantiene los delitos de de injuria y calumnia, aunque con penas menores, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desconociendo los pronunciamientos en contra del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y otras organizaciones.

En el caso de las calumnias hechas con publicidad, el nuevo Código dice que "deben ser castigadas con pena de prisión de seis meses a un año y multa de 500 a mil días y en el caso de que lo sean sin publicidad con la pena de multa de 200 a 500 días".

El articulo 231 establece la injuria y calumnia indirecta tipifica "A la persona que publique, reproduce, repita injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante".

La ley va mas allá cuando expresa que cuando alguna de las conductas se cometiere utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales a través de Internet, las penas respectiva se aumenta de un sexto a un medio.

Y en el articulo 233 habla de la responsabilidad civil en caso de que la injuria o calumnia se realicen con publicidad, "es responsable civil de manera subsidiaria la persona natural o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la injuria o calumnia", lo que pone en aprietos a los medios de comunicación porque si alguno de sus miembros es declarado culpable por delitos de injuria y calumnia por informaciones divulgadas, puede perfectamente pedir a el resarcimiento económico de los daños provocados a la empresa informativa.

Diversos sectores se han pronunciado en contra de la ley y solicitan la derogatoria de los artículos que lesionan la libertad de expresión.

Es el caso del presidente de la Asociación de Prensa Honduras (APH), Carlos Ortíz manifestó que se trata de un nuevo atentado contra la libertad de expresión, peor que cuando se impuso el articulo 335-B que calificaba de terroristas a los periodistas que se refirieran al tema.

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