El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), pidió al Congreso Nacional (CN) que informe sobre los 24 proyectos de generación hidroeléctrica que pretenden aprobar en los próximos días.
El MADJ conoció a través de los medios de comunicación que el CN se apresta en los próximos días a discutir y aprobar varios decretos a través de los cuales se concesionarán aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía para 24 nuevos proyectos hidroeléctricos.
La organización en un comunicado manifiesta que ese tipo de proyectos genera situaciones encontradas, por un lado el aplauso y regocijo del sector empresarial nacional e internacional, y por otro el temor y rechazo de amplios sectores de la sociedad que denuncia sus posibles impactos ambientales y sociales.
Por ese motivo que el MADJ, demanda al CN hacer pública la información relativa a estos proyectos hidroeléctricos, así como toda aquella información relativa a la negociación o renegociación de los contratos energéticos.
Concretamente exige que se haga pública información del ante proyecto de ley, leyes o decretos a través de los cuales se pretende la aprobación de estos nuevos proyectos hidroeléctricos y de las reforma o renegociación de los contratos con las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía
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Igualmente pide que se publique todos los documentos que respalden la aprobación de cada uno de los proyectos como los estudios, permisos, contratos, contratas de agua, etc, así como de los documentos y argumentos que den pie a la renegociación de los contratos con las empresas de energía.
A partir de la publicación y entrega de esta información, el MADJ solicita que por las implicaciones que esto tiene para la vida de las comunidades en donde se instalan estos proyectos se abra un espacio de discusión franco con nuestra organización y los distintos actores a quienes impactarán estas iniciativas.
La organizacion espera que esos proyectos no sean aprobados por el CN, sin antes haber asegurado el respeto a los derechos de las comunidades directamente involucradas y del pueblo hondureño en general.
