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Atentan contra fiscal que investiga hidroeléctrica en Tela

El fiscal del Ministerio Publico Randy Mejía fue objeto de un atentado la
noche del viernes anterior en Tela, Atlántida, por parte de sujetos que
andaban en motocicleta.

Mejía se conducía en un vehículo tipo turismo, color azul, el que presenta tres orificios de bala en el vidrio lateral de la puerta del conductor, los que no lograron impactar en la humanidad de
Fiscal.

Se desconocen los móviles del atentado, pero el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) manifestó que el fiscal "está asignado a la inspección de los daños ambientales ocasionados en las comunidades de Tela, por la empresa HIDROCEP, propiedad del empresario Jason Hawit, a quien la corporación municipal aprobó de manera ilegal la instación del proyecto Hidroeléctrico Centrales El Progreso", y no descarta que tenga relación.

"Nos solidarizamos con el Fiscal Randy Mejía y con todos los funcionarios que, en medio de la corrupción, la impunidad y el despojo que sufrimos, asumen los riesgos que implica cumplir con su deber de representar y defender los intereses de la ciudadanía", manifestó el MADJ en un comunicado.

"Alertamos, una vez más, sobre el riesgo que corren compañeros y compañeras del Movimiento Amplio, que desde hace muchos años asumen el desafío de defender el derecho a decidir sobre su territorio, a defender el agua y todos los derechos humanos afectados por la voracidad extractivista del gobierno y Estado de Honduras, aliado con grupos económicos criminales", agrega el boletín.

El MADJ también exigió al gobierno que cumpla con el deber de proteger, urgentemente, a los miembros del Movimiento Amplio del departamento de Atlántida, beneficiarios de medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde diciembre del 2013.

A su vez lamentan que a pesar de haber transcurrido más de tres años de haberse dispuesto estas medidas, las autoridades hondureñas se niegan a consensuar y cumplir las mismas, por lo que responsabilizan al Estado y gobierno de Honduras por cualquier violación a derechos que puedan sufrir los ciudadanos del Movimiento Amplio que asumen su deber ciudadano de defender el territorio de la corrupción, el despojo y la impunidad que hoy impera.

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