Indígenas piden en Casa Presidencial justicia para Berta Caceres
La Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) en manifestación realizada hoy en la capital hondureña pidieron que se haga justicia plena en el caso de los líderes asesinados por su lucha en defensa de los derechos humanos, Bertha Cáceres, Justo Sorto y Pedro Pérez, entre otros.
Miles de indígenas repudiaron los aumentos y las mediadas de privatización de la energía eléctrica, ya que la concesionaria castiga al pueblo con tremendas facturas de cobro, mientras se privilegia a los grandes monopolios con la complicidad del Estado.
Igualmente demandaron que cese la entrega de los bienes comunes naturales, a empresas nacionales o transnacionales, que entran a los territorios en una clara violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dividiendo las comunidades y asesinando líderes indígenas.

Argumentan que con la llegada de esos negocios esas ciudades gemelas quedarán en la ruina total, ya que al quebrarse la economía local estará incrementándose el desempleo y la pobreza, generando además migración y otros males. Por tanto, demandan que consideren la pertenencia lenca.
Por tanto, piden que no se privaticen los mercados tal como lo pretenden por medio de COALIANZA para favorecer a inversionistas privados nacionales e internacionales y que los mismos se hagan para dar propiedad a los microempresarios organizados en cooperativas de mercadeo, en propuestas como las de MERCOIN.
CINPH denuncia la problemática educativa caracterizada por el despojo de las plazas de maestros, a los centros educativos de las comunidades lencas, falta de pago a los mentores del programa de formación docente con lo que se pone en peligro la graduación de más de 140 jóvenes indígenas, irregularidades y actos reñidos por la ley cometidos por el director departamental de educación Wenceslao Cruz y de los cuales el ministerio público ya tiene conocimiento y ante la indiferencia del ministro de Educación quien se hace de la vista gorda.
Demanda que se les cancele de inmediato los salarios a los catedráticos del programa de formación de educadores indígenas que por más de año y medio se les adeuda y que urgentemente se nombre una comisión investigadora del director departamental de educación Wenceslao Cruz y se tomen las medidas correspondientes de acuerdo a ley y se devuelva las plazas a los centros educativos de las comunidades indígenas.
Finalmente exigen una ley de consulta previa, libre e informada, de acuerdo al espíritu del convenio 169 de la OIT y bajo el conceso de los pueblos indígenas y negros de Honduras y no de los políticos que aprovechan sus cargos para acaparar los territorios indígenas.

