Coiproden exige investigación y castigo a responsables de asesinatos de estudiantes

La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), ante los hechos de violencia que han agravado la crisis en el sistema educativo público, exigió esclarecer el caso de cuatro estudiantes asesinados, tras la lucha contra la ampliación de cinco minutos de la hora clase.

En un comunicado emitido hoy, la organización no gubernamental revela que es evidente que existe una crisis en el sistema educativo público, en virtud de las decisiones, sin los niveles deseados de participación que en el marco de lo establecido en la Ley Fundamental de Educación han instruido las autoridades del gobierno a través de la Secretaría de Educación.

Estas decisiones han generado insatisfacción y temores en la población estudiantil de muchos colegios de segunda enseñanza que tienen la particularidad de dos y tres jornadas educativas, primero, porque no fue socializada para que juntos encontraran el mecanismo que evite exponer al estudiantado a los riesgos de la inseguridad reinante en el país; segundo, porque no ha existido actitud democrática por parte de las autoridades en atender las demandas legítimas de las y los estudiantes, oportunamente planteadas.

"Lamentamos la visión y actitud autoritaria de las autoridades del gobierno, al no procurar el diálogo oportunamente y responder con represión policial-militar a las protestas realizadas, impulsando acciones de intimidación y amenazas, de militarización de los institutos en los que estudian las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que demandan, promoviendo la criminalización social y penal del ejercicio de sus derechos constitucionales, entre otros", agrega.

Exigen, igualmente,  un alto a la criminalización social de los niños y jóvenes que ejercitan sus derechos y ha degenerado en el asesinato, en circunstancias no esclarecidas en los últimos días de dos estudiantes del institutos Renacer, tres del Instituto Jesús Aguilar Paz y una del Instituto Central Vicente Cáceres, sobre los cuales pedimos al Ministerio Público la investigación respectiva y la sanción penal correspondiente a los responsables de los mismos.

El comunicado manifiesta que es responsabilidad del Estado, respetar los Derechos de Participación y Petición de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la lucha protagónica que hoy libran por la definición de los destinos educativos de la patria, esto como un Derecho Humano garantizado en Convenios Internacionales, suscritos por el Estado hondureño, la Constitución y demás leyes especiales en la materia. En tal sentido, repudiamos las acciones represivas de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado contra las niñas, niños, adolescentes y Jóvenes estudiantes que reclaman tales derechos.

Coiproden demanda a la Secretaria de Educación desarrollar un amplio diálogo con los representantes estudiantiles, docentes y de padres de familia, para discutir sin amenazas ni presiones la viabilidad de la aplicación de la jornada extendida, y presentar un plan de mejoras del mobiliario y la infraestructura escolar que comience a ser efectivo a partir del presente año.
La organización también pide que cesen las amenazas intimidatorias de la Secretaría de Educación en contra de los líderes y lideresas del movimiento estudiantil y contra los docentes que les apoyan en su justa lucha.

A la Secretaría de Seguridad solicita desmilitarizar los institutos de secundaria y la negociación y el diálogo antes que la fuerza bruta para controlar las manifestaciones estudiantiles, además de no usar gases tóxicos.

Al Congreso Nacional solicita que restituya a la Secretaría de Educación los Lps. 677,527,286 del presupuesto recortado este año, para efecto de financiar las demandas de mejoramiento de la infraestructura.
Al Ministerio Público reclama investigar los hechos que dieron como resultado algunos estudiantes heridos de bala y el asesinato de estudiantes en el período en que han transcurrido las manifestaciones estudiantiles desde el 16 de marzo a la fecha, y que los mismos no queden en la habitual impunidad.