El botín de los delincuentes de la "política“
Solo en las últimas cuatro elecciones del 2005 al 2017, el pueblo pagó más de 500 millones de lempiras a los partidos.
Es la "deuda política" o alto chantaje construido por una débil democracia.
El dinero se maneja a discreción y escasa o nula rendición de cuentas.
Desde que Honduras retornó a la "democracia” en 1982, como muchos dicen con la boca abierta de satisfacción, se han realizado nueve contiendas. La número 10 será el 28 de noviembre.
En la ley figura la deuda política o contribución del Estado por el pago de cada voto válido.
¿En qué se utiliza el dinero?
¿Qué entidades lo auditan?
¿Se desvía al bolsillo de los dirigentes?
Son interrogantes que jamás se contestan.
La Asamblea Nacional Constituyente la aplicó en los comicios generales de noviembre de 1982.
De acuerdo con los extintos políticos Guillermo Casco Callejas y Adán Palacios, quien propuso la idea de incorporarla en la ley fue el empresario Miguel Andonie Fernández para facilitar las candidaturas independientes ante la debilidad mostrada en ese momento por los dos partidos tradicionales, luego de los derrocamientos de Ramón Cruz, Oswaldo López Arellano y Juan Melgar Castro.
El Estado de Honduras se vio obligado a pagar 20 lempiras por cada voto válido y ocho lempiras más por transporte, cuya cifra varía en cada proceso por la inflación.
El reconocido abogado nacionalista Raúl Pineda Alvarado, considera que la deuda política es parte “del botín que se reparten los grupos de poder y un mecanismo de control de los partidos pequeños para depravar los procesos electorales… y es una forma de agenciarse fondos”.
Al menos 10 partidos políticos recibirán de 9 a 12 millones para supuestas capacitaciones, pero es el pago por los servicios que prestan al grupo que controla el poder.
El sociólogo Eugenio Sosa expresó que los partidos no rinden cuentas de ese pisto porque hay un Estado incapaz de demandar, exigir y garantizar la transparencia. “El Estado no garantiza a la ciudadanía la transparencia.
Quienes dirigen el Estado practican la opacidad y son antidemocráticos y autoritarios, y no tienen la cultura de la rendición de cuentas.
Además, Honduras tiene una ciudadanía que reclama muy poco.
Para Sosa, a la ciudadanía en general, con excepción de algunas organizaciones de sociedad civil, muy poco le importa si los partidos rinden cuentas o no, si reciben dinero del narcotráfico o de las redes de corrupción. Lo que le interesa es que, en tiempo de campaña, o desde ya, regalen algo a los pobres.
Los partidos, poco transparentes, coexisten en un sistema en el cual ninguno actúa con honestidad.
Es un apoyo mutuo, un acuerdo implícito.
El reto es que la institucionalidad vire hacia un mejor control y auditoría de los fondos que aporta la población porque, al mantenerse en la opacidad, no abona en absoluto a fortalecer la democracia o erradicar la corrupción en Honduras.
Fragmentos tomados del reportaje de Cespad realizado por las periodistas investigadoras hondureñas Signy Fiallos y Claudia Mendoza.
