Asociación de jueces cuestiona injerencia del presidente en el Poder Judicial
La Asociación de Jueces por la Democracia cuestionaron el hecho que el presidente Juan Orlando Hernández pretende, mediante la cobertura mediática, influir en los juzgadores en clara evidencia de inferencia de un poder en otro.
“Es definitivamente un camino equivocado y claramente un irrespeto a la independencia judicial y al principio de separación de poderes”, manifiesta el comunicado de la Asociación.
El titular del Poder Ejecutivo expresó que dos jueces ordenaron que los privados de libertad saliera jueces y dijo que "aquí se presenta un dilema jurídico: ¿Quién tiene la razón?" y la Asociación responde que es sencilla, la razón la tienen los jueces de ejecución de penas que dictaron resoluciones ordenando la clasificación de los reclusos en categorías de mínima, media y máxima seguridad y que estimaron que los privados de libertad del centro penitenciario de Ilama, conocido como “El Pozo”, estaban siendo
sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Explican que la resolución no hace más que resolver o estimar con lugar la queja
de decenas de reclusos que acudieron a los juzgados de ejecución de penas en amparo para que cesaran los malos tratos en su contra, y en un acto de tutela judicial efectiva se ordena declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se impone la sanción disciplinaria de ENCIERRO COLECTIVO PERMANENTE de los reclusos de “el pozo”, a quienes mantenían en las sus celdas sin posibilidad de salir al área de recreación del mismo módulo.
La resolución es relevante por la protección de derechos de los privados de libertad al ordenar el descencierre de los centenares de reclusos que se encuentran en encierro colectivo permanente, debiendo establecerse como mínimo 8 horas diarias de tratamiento y formativas y 8 horas para el descanso.
Los jueces también ordenaron el cese inmediato de actos violentos por parte de la autoridad militar, especialmente lo concerniente a lanzarles bombas lacrimógenas y balas de goma.
"Pero lo que ordenó el sistema judicial a través de estos jueces busca garantizar a los reclusos el derecho a la alimentación y a agua embolsada por ser de deficiente calidad la que abastece el centro penitenciario.
A criterio de la Asociación “en lugar de atacar tendenciosamente las resoluciones judiciales, el Poder Ejecutivo y la autoridad penitenciaria debe situarse en su rol de garantes de la vida y la seguridad de la población penitenciaria, y aprovechar estas decisiones jurisdiccionales para enmendar las graves violaciones de derechos humanos que en aras de la seguridad acontecen en los centros penitenciarios”.
Agrega que es el momento para que el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia decida no seguir siendo parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por las consecuencias de acarrea integrar este órgano en donde se discuten y deciden asuntos y políticas estatales de seguridad que, por su contenido e impacto afectan de manera directa o indirecta la independencia del Poder Judicial.
Finalmente, las juezas y jueces nos seguimos preguntando: ¿Cuándo escucharemos la voz de la Corte Suprema de Justicia o de su Presidente, reclamando contra estas perturbaciones a la independencia judicial?
