Arresto domiciliario para fiscal acusado de tráfico de influencias
El Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, aplicó la medida de arresto domiciliario al fiscal Oswaldo Osorio y fijó la audiencia inicial para el lunes 7 de marzo.
El ex coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado fue capturado en un allanamiento en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Tráfico de Influencias.
Osorio Santos fue capturado este miércoles por la autoridad competente atendiendo una orden de captura librada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.
El Ministerio Público aclaró que la detención de Osorio Santos, no es relacionada con estructuras criminales dedicadas al delito de extorsión, sino, por investigaciones que se desprenden de las averiguaciones en torno al arrendamiento de bienes inmuebles que se encuentran bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en la zona norte del país y por las cuales ya hay acciones judicializadas en los tribunales competentes, específicamente contra un ex administrador regional de la OABI y el fallecido ex director de este ente doctor Humberto Palacios Moya.
En ese sentido, la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de San Pedro Sula presentó una acción penal contra el fiscal por los delitos señalados, en virtud que éste aprovechando su condición de ex coordinador de la FESCCO propició las condiciones para alquilar un bien inmueble incautado al crimen organizado por la cantidad de tres mil lempiras, pago que además de no corresponder a las realidad en su costo por arrendamiento, jamás fue pagado por el profesional del derecho según lo informa la Dirección General de Fiscalía.
Osorio Santos se venía desempeñando en la Fiscalía de Delitos Comunes tras haber sido suspendido como fiscal coordinador de FESCCO y era investigado desde hace dos meses.
El fiscal fue además coordinador de la Fiscalía de Nacaome, Valle y fue trasladado en el año 2010 a la oficina regional del Ministerio Público en San Pedro Sula.
