“No basta con emitir nueva cédula, hay que depurar el censo”: ASJ
“Sustituir la actual tarjeta de identidad es un paso importante; sin embargo, es condición indispensable que aparejado a esto se actualice el censo poblacional y se despolitice el Registro Nacional de las Personas (RNP)”, manifestó el dirigente de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera.
“No basta con emitir una nueva tarjeta de identidad; también se debe depurar el padrón electoral a través de un nuevo censo y despolitizar el RNP”, mencionó el autodenominado representante de la sociedad civil hondureña.
Rivera, planteó que “se debe garantizar una rigurosa depuración del registro de las personas a fin de responder a la demanda generalizada de corregir ilegalidades y desactualizaciones; emitir una nueva tarjeta de identidad sobre la base del registro de datos actuales es barnizar las imperfecciones del sistema”.
Del mismo modo asegur´que "se hace indispensable profesionalizar la carrera registral, despolitizando el RNP y sacando de escena el protagonismo que han tenido los partidos en estos asuntos que deben ser eminentemente técnicos”.
Para el coordinador de advocacy de la ASJ, al margen de lo relevante que es para los políticos la sustitución de la actual tarjeta de identidad por otra, este tema debe abordarse desde la perspectiva de “seguridad del Estado y de las personas”.
“La emisión de una nueva tarjeta de identidad es un asunto de seguridad nacional, no solamente un tema político electoral”, señaló.
Cuestionó la “vulnerabilidad del sistema de identificación de personas en el país" que ha permitido que "algunos integrantes de grupos criminales internacionales hayan aprovechado para obtener un documento de identidad hondureño y algunos nacionales hayan modificado fraudulentamente sus nombres y apellidos”.
“Esto no puede continuar así, es un asunto que lo podemos lamentar; yo entiendo lo relativo al fraude electoral y las distorsiones en los comicios, pero los riesgos son mayores en materia de seguridad”, expresó.
Finalmente dijó que hay retos sociales en materia de identificación de personas menores de edad que “por no estar debidamente registrados no acceden a servicios públicos y programas de bienestar”.
