Por Dana Frank*<\/p>\n
Alrededor de la medianoche del 2 de marzo, la activista por los derechos de los ind\u00edgenas y el medioambiente Berta C\u00e1ceres fue asesinada por sicarios que entraron a su casa en La Esperanza, Honduras. Llevaba tiempo luchando contra la tala de los bosques y hab\u00eda sido amenazada en repetidas ocasiones por su oposici\u00f3n al proyecto hidroel\u00e9ctrico de Agua Zarca, uno de los m\u00e1s importantes de Am\u00e9rica Central.<\/p>\n
Su madre, de 84 a\u00f1os, le dijo a una emisora de radio local: \u201cNo tengo dudas de que ha sido asesinada por su lucha y de que el Ej\u00e9rcito y la empresa son los responsables. Estoy segura. El gobierno es responsable\u201d.<\/p>\n
El 21 de junio, The Guardian inform\u00f3 del testimonio de un soldado hondure\u00f1o que dijo que la unidad de \u00e9lite a la que pertenece, con entrenamiento de Estados Unidos, hab\u00eda recibido una lista de activistas a matar entre los que estaba Berta C\u00e1ceres. (Dijo que hab\u00eda desertado del Ej\u00e9rcito antes que cumplir las \u00f3rdenes que ten\u00eda). Desde entonces la polic\u00eda ha detenido a seis hombres en conexi\u00f3n con este crimen. Entre ellos, un oficial en activo del Ej\u00e9rcito y dos miembros retirados de las fuerzas armadas, pero est\u00e1 por verse que se haga justicia.<\/p>\n
Tuvo que morir asesinada Berta C\u00e1ceres para que por fin se abriera un debate p\u00fablico en Estados Unidos sobre la financiaci\u00f3n que la administraci\u00f3n Obama ofrece a las peligrosas fuerzas de seguridad de Honduras. El 14 de junio, el congresista Henry Johnson, dem\u00f3crata de Georgia, junto con otros congresistas, propuso la Ley Berta C\u00e1ceres para los Derechos Humanos en Honduras, que reclama la suspensi\u00f3n inmediata de ayuda a Honduras en lo relativo a la seguridad. En respuesta, el gobierno ha tratado de justificar los motivos por los que contin\u00faa apoyando a la polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito de ese pa\u00eds a trav\u00e9s de una serie de iniciativas que son, en el mejor de los casos, d\u00e9biles o solo simb\u00f3licas, y en el peor, perjudiciales.<\/p>\n
Despu\u00e9s del golpe de Estado que derroc\u00f3 al presidente constitucional Manuel Zelaya, Honduras ha degenerado hasta convertirse en un caos debido a la corrupci\u00f3n en el gobierno, una criminalidad que no decrece y la violencia generada por las pandillas. El presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez apoy\u00f3 de manera decisiva el golpe y organiz\u00f3 la destituci\u00f3n de varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Su campa\u00f1a electoral de 2013 y su partido recibieron dinero desfalcado de un fraude de 300 millones de d\u00f3lares en el Instituto Hondure\u00f1o del Seguro Social.<\/p>\n
Durante el tiempo que lleva en el cargo, Hern\u00e1ndez ha creado una polic\u00eda militar con al menos 3000 hombres que, pasando por encima de la constituci\u00f3n, ha asumido gran parte de la seguridad interna del pa\u00eds. Las fuerzas de seguridad tienen una larga historia de violaciones de los derechos humanos con una impunidad casi total. Associated Press ha desvelado que en la polic\u00eda existen escuadrones de la muerte y el Ej\u00e9rcito ha sido acusado del asesinato de campesinos y activistas en el Valle del Agu\u00e1n, en la costa caribe del pa\u00eds.<\/p>\n
El asesinato de C\u00e1ceres es solo parte de una letan\u00eda de asesinatos pol\u00edticos cometidos desde el golpe de 2009. Solo este a\u00f1o, seg\u00fan la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, han sido asesinados al menos ocho activistas. Las Naciones Unidas dijeron el mes pasado que \u201cHonduras se ha convertido en uno de los pa\u00edses m\u00e1s hostiles y peligrosos para los defensores de los derechos humanos\u201d.<\/p>\n
La ley sometida a la aprobaci\u00f3n del congreso sigue a una serie de cartas de senadores y congresistas al secretario de Estado, John Kerry, que comenz\u00f3 en 2010 y en las que se cuestiona el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Honduras.<\/p>\n
Los seis representantes que presentaron la ley escribieron en The Guardian: \u201cMientras Estados Unidos financie a las fuerzas de seguridad de Honduras sin exigir justicia para quienes son amenazados, torturados y asesinados, tenemos sangre en las manos\u201d. El senador Patrick Leahy, dem\u00f3crata de Vermont, aprob\u00f3 una norma el a\u00f1o pasado que hace que el 50 por ciento de la ayuda de 2016 est\u00e9 condicionada a que el gobierno de Honduras cumpla con ciertos requisitos respecto a los derechos humanos, la corrupci\u00f3n y la impunidad. De todos modos, en a\u00f1os anteriores, el Departamento de Estado ya hab\u00eda certificado que los fondos pod\u00edan ejecutarse pese a las pruebas de que ese tipo de condiciones impuestas no se cumpl\u00edan. Est\u00e1 por verse que har\u00e1 el Departamento de Estado este a\u00f1o.<\/p>\n
La administraci\u00f3n del presidente Obama ha deso\u00eddo las cr\u00edticas y ha propuesto un programa de \u201cprevenci\u00f3n de la violencia\u201d como muestra de la situaci\u00f3n de seguridad en Honduras est\u00e1 mejorando gracias a la ayuda de Estados Unidos. Pero que ese programa tenga \u00e9xito es cuestionable, no hay ninguna muestra independiente de que la criminalidad haya descendido en el pa\u00eds.<\/p>\n
Durante una visita a Honduras el mes pasado, escuch\u00e9 testimonios terribles sobre el modo en que las pandillas desarrollan su control sobre las comunidades, ejecutando a cualquier peque\u00f1o propietario que no pague su \u201cimpuesto de guerra\u201d o que se relacione con la polic\u00eda. Adem\u00e1s, la financiaci\u00f3n de Estados Unidos a la polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito aumenta la violencia, no la disminuye.<\/p>\n
Una comisi\u00f3n para la reforma policial acaba de despedir a varios oficiales de la polic\u00eda, pero esa comisi\u00f3n es leal al presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez. Ninguno de los polic\u00edas despedidos tiene causa abierta ante los tribunales y nada sugiere que sus sustitutos sean menos peligrosos. El a\u00f1o pasado la poblaci\u00f3n sali\u00f3 masivamente a las calles para exigir una comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n independiente sobre la corrupci\u00f3n y la impunidad, dirigida por las Naciones Unidas como la que funciona en Guatemala. En respuesta a esa demanda, Estados Unidos ha apoyado la Misi\u00f3n Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad en Honduras (MACCIH) pero es d\u00e9bil y tiene poca autoridad.<\/p>\n
M\u00e1s que continuar apoyando a un gobierno represor pagando salarios de sus delincuentes, Estados Unidos deber\u00eda suspender de inmediato cualquier ayuda militar o policial a Honduras. Todo. Tambi\u00e9n el dinero destinado a entrenamiento y equipamiento. En vez de apoyar reformas cosm\u00e9ticas para encubrir los abusos de las fuerzas de seguridad, la administraci\u00f3n Obama deber\u00eda hacer algo para responder a las peticiones de una comisi\u00f3n realmente independiente y con el apoyo de las Naciones Unidas que se enfoque en la corrupci\u00f3n y la impunidad en Honduras.<\/p>\n
* Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California en Santa Cruz. Su especialidad es el estudio de la pol\u00edtica de Estados Unidos en Honduras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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