San Jos\u00e9, Costa Rica. - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontr\u00f3 al Estado de Costa Rica responsable internacionalmente por la violaci\u00f3n del derecho a la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chac\u00f3n y Freddy Parrales Chaves, como resultado de la imposici\u00f3n de una condena civil por la publicaci\u00f3n de una nota de prensa.
El caso se remonta a 2005 cuando un jefe regional de la Fuerza P\u00fablica habr\u00eda liberado en la zona fronteriza con Panam\u00e1 un veh\u00edculo que conten\u00eda mercanc\u00eda de licores, sin \u201crazones legales\u201d para ello.
La nota de prensa se\u00f1alaba que dicho caso no era el \u00fanico, ya que, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el entonces Ministro de Seguridad P\u00fablica exist\u00edan al menos otros dos casos que estaban siendo investigados, indicando incluso que los jefes policiales implicados (haciendo referencia, inter alia, al se\u00f1or J.C.T.R.) ser\u00edan posiblemente removidos.
A ra\u00edz de la publicaci\u00f3n, J.C.T.R., quien entonces ostentaba el rango de Mayor de Polic\u00eda y se desempe\u00f1aba como subjefe de la Delegaci\u00f3n de Comando de San Vito de Coto Brus, interpuso una querella en contra de los periodistas, as\u00ed como en contra del entonces Ministro de Seguridad P\u00fablica abri\u00e9ndose la causa por el delito de calumnia y \u201cdifamaci\u00f3n por la prensa\u201d.
Asimismo, J.C.T.R. interpuso en la misma causa penal una acci\u00f3n civil resarcitoria en contra de ambos periodistas, del Ministro de Seguridad, del peri\u00f3dico La Naci\u00f3n y del Estado de Costa Rica.
El 10 de enero de 2007 el Tribunal de Juicio de Segundo Circuito de San Jos\u00e9, Goicochea dict\u00f3 una sentencia absolviendo a las personas querelladas de toda responsabilidad penal, pero declar\u00f3 con lugar la acci\u00f3n civil resarcitoria.
En consecuencia, el Tribunal de Juicio conden\u00f3 de manera solidaria a los periodistas Parrales Chaves y Moya Chac\u00f3n, as\u00ed como al Ministro de Seguridad P\u00fablica, al peri\u00f3dico La Naci\u00f3n y al Estado de Costa Rica al pago solidario de cinco millones de colones por concepto de da\u00f1o moral y de un mill\u00f3n de colones por concepto de costas personales.
A la hora de analizar la convencionalidad de la referida sanci\u00f3n civil, la Corte IDH constat\u00f3, en primer lugar, que la referida nota de prensa calificaba como una pieza de informaci\u00f3n y trataba un asunto de inter\u00e9s p\u00fablico.
La Corte advirti\u00f3 con car\u00e1cter preliminar que, si bien es cierto que Moya Chac\u00f3n y Parrales Chaves publicaron una informaci\u00f3n que a la postre result\u00f3 ser inexacta con respecto al se\u00f1or J.C.T.R., no se demostr\u00f3 a nivel interno que los periodistas tuvieran intenci\u00f3n alguna de infligir un da\u00f1o particular contra la persona afectada por la noticia.
El Tribunal advirti\u00f3, adem\u00e1s, que la informaci\u00f3n publicada en la nota de prensa diman\u00f3 de una fuente oficial, el Ministro de Seguridad y que, por tanto, no era exigible obligar a los periodistas a proceder a realizar verificaciones adicionales.
El Tribunal adem\u00e1s observ\u00f3 que la sentencia de Juicio reproch\u00f3 a los periodistas no haber acudido a la oficina de Prensa del Poder Judicial y as\u00ed \u201ccomprobar los pormenores de la causa penal\u201d.
Lo anterior signific\u00f3 la sugerencia de una fuente preferente, seg\u00fan el criterio del juzgador, lo cual result\u00f3 una exigencia desproporcionada para la libertad de expresi\u00f3n, extremadamente restrictiva de la libertad de prensa, por cuanto dicha imposici\u00f3n supondr\u00eda establecer un mecanismo de intervenci\u00f3n previa al modo con el que los periodistas llevan a cabo su actividad lo cual, a su vez, podr\u00eda traducirse en un acto de censura.
Adicionalmente, el Tribunal consider\u00f3 que la solicitud del se\u00f1or J.C.T.R. de que le brindaran informaci\u00f3n sobre el origen de la informaci\u00f3n suministrada era del todo improcedente.
Por \u00faltimo, el Tribunal advirti\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta a los periodistas tuvo un efecto amedrentador sobre estos.
En vista de todo lo anterior, el Tribunal concluy\u00f3 que, en el caso, la sanci\u00f3n civil impuesta a los se\u00f1ores Moya Chac\u00f3n y Parrales Chaves no fue necesaria ni proporcional al fin leg\u00edtimo perseguido.
En raz\u00f3n de estas violaciones, la Corte IDH orden\u00f3 diversas medidas de reparaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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